Vecinos afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid se han sumado a la acampada instalada en la Puerta del Sol para reclamar medidas que garanticen el derecho a la vivienda y una solución para las familias que han perdido sus casas como consecuencia de los problemas derivados de esta infraestructura.
A través de sus redes sociales, los afectados han difundido un mensaje desde la concentración en el centro de Madrid en el que reivindican el derecho a la vivienda y ponen el foco en la situación que atraviesan las familias de San Fernando de Henares y Coslada afectadas por la Línea 7B. “Siguen derribando nuestras casas y nuestro pueblo, mientras nos empujan a buscar alternativas en un mercado que no podemos pagar”, señalan.
La reivindicación conecta así la crisis de vivienda que se está denunciando estos días en Madrid con una problemática que en San Fernando de Henares se prolonga desde hace años y que ha provocado desalojos, pérdida de viviendas, derribos y procesos de realojo e indemnización para las familias afectadas.
Una crisis de vivienda vinculada a casi dos décadas de problemas
La situación de los afectados por la Línea 7B no comenzó con los últimos desalojos. Los problemas relacionados con las obras y el funcionamiento de la infraestructura se remontan a hace casi dos décadas y han provocado una transformación de varias zonas de San Fernando de Henares.
Un informe psicosocial elaborado por el Centro Sira y publicado por Diario de San Fernando el pasado mes de marzo analizó las consecuencias de aproximadamente 17 años de obras, desalojos y daños en viviendas. El estudio, realizado a partir de entrevistas y una encuesta a 169 personas adultas afectadas, identificó consecuencias económicas, familiares y emocionales derivadas de esta situación.
Entre los datos recogidos entonces figuraba que el 66% de los participantes aseguraba haber sufrido consecuencias económicas y que el 86% consideraba que su vivienda había perdido valor. Además, el 90% afirmaba que su vida cotidiana se había visto alterada por la situación generada alrededor de la Línea 7B.
El problema habitacional se ha agravado especialmente para quienes han tenido que abandonar sus viviendas de manera definitiva. En marzo, Diario de San Fernando recogía el testimonio de Isabel Bello, una de las afectadas, quien explicó que tuvo que abandonar su casa en 2022 y buscar un alquiler con apenas quince días de margen. En 2026, según relató, continuaba sin recuperar su vivienda.
Los derribos han obligado a varias familias a buscar una nueva vivienda
Durante los últimos meses, la situación ha continuado afectando a distintos edificios del municipio. En julio, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares declaró la ruina física inminente de los edificios situados en los números 14, 16 y 18 de la calle Nazario Calonge debido a los daños estructurales. Las familias residentes tuvieron que abandonar sus viviendas.
En septiembre, la Plataforma de Afectados por Metro 7B denunció precisamente la situación de las familias desalojadas de Nazario Calonge y reclamó una solución habitacional para los vecinos que habían tenido que abandonar sus casas.
Este tipo de situaciones explica que las reivindicaciones de los afectados no se limiten a la reparación de los daños en los edificios. Para las familias que han perdido sus viviendas, uno de los principales problemas pasa por encontrar un alojamiento alternativo mientras se resuelven los procedimientos administrativos y las compensaciones económicas.
La propia asociación de afectados ha denunciado en anteriores ocasiones que las indemnizaciones no siempre permiten afrontar en condiciones similares la compra de una nueva vivienda, especialmente en un mercado inmobiliario con precios elevados. En 2024, representantes de la plataforma trasladaron esta problemática al delegado del Gobierno en Madrid y señalaron que, en su opinión, las cantidades recibidas resultaban insuficientes para acceder a otra vivienda.
Los afectados reclaman alternativas habitacionales y soluciones definitivas
La cuestión de la vivienda se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de las familias afectadas por Metro 7B. La plataforma reclama medidas diferenciadas para quienes ya han perdido su casa, para quienes se encuentran desalojados y para aquellos vecinos cuyos edificios continúan afectados por problemas estructurales.
En su página oficial, la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por Metro Línea 7B reclama un plan integral que contemple, entre otras medidas, la situación de las familias que han perdido sus viviendas y de aquellas que podrían perderlas, además de la restitución de las viviendas derribadas.
El colectivo también plantea la necesidad de abordar las consecuencias económicas y sociales que, según sostiene, se han acumulado durante años. Entre sus demandas figura la restitución económica para los comerciantes afectados y una mayor asistencia a las personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis.
La asociación cifra actualmente en alrededor de 600 las viviendas afectadas por la problemática de la Línea 7B y señala que decenas de familias han perdido sus casas. Estos datos forman parte de las cifras que el propio colectivo utiliza para describir el alcance de la situación.
El problema se extiende más allá de los daños materiales
La dimensión de la crisis no se limita a la pérdida o deterioro de los inmuebles. El informe del Centro Sira publicado este año recogió también las consecuencias que los desalojos y la incertidumbre han tenido sobre las relaciones familiares, la situación laboral y la salud mental de las personas afectadas.
Casi el 37% de las personas participantes en el estudio afirmó haber vivido separaciones familiares como consecuencia de los desalojos o de los procesos de reubicación. El documento también señalaba que el 64% había sufrido consecuencias laborales y que un 66% había experimentado efectos económicos derivados de la situación.
Estos efectos ayudan a entender por qué las reivindicaciones de los vecinos se han desplazado también al terreno del derecho a la vivienda. Para las familias que han tenido que abandonar sus casas, la alternativa no pasa únicamente por reparar un inmueble, sino por disponer de un lugar donde vivir mientras se resuelve el futuro de sus viviendas y se determina la compensación correspondiente.
En algunos casos, además, los procesos se prolongan durante años. Isabel Bello explicó a Diario de San Fernando que, después de haber sido desalojada en varias ocasiones, continuaba en 2026 sin recuperar su vivienda y afrontando procedimientos administrativos y judiciales.
La situación de los afectados continúa abierta en San Fernando
La movilización en Sol llega en un momento en el que la situación de los afectados por la Línea 7B continúa generando actuaciones administrativas, judiciales y políticas en San Fernando de Henares.
En mayo, Diario de San Fernando informó de una resolución judicial favorable a los afectados que volvió a situar en primer plano la responsabilidad sobre los daños provocados por la infraestructura. El Ayuntamiento consideró entonces que el pronunciamiento respaldaba años de reclamaciones vecinales y reclamó una solución definitiva para las familias.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha diferentes procedimientos de responsabilidad patrimonial relacionados con inmuebles afectados. En 2025 se anunció la apertura de nuevos procedimientos para viviendas de distintas calles del municipio, entre ellas Presa, Pablo Olavide, Nazario Calonge, Francisco Sabatini, Rafael Alberti, Ventura de Argumosa, Virgen del Templo y plaza Fuente del Trébol.
La Administración regional también ha aprobado a lo largo de los últimos años indemnizaciones y medidas de alojamiento para familias afectadas. En 2023, por ejemplo, la Comunidad informó de nuevas indemnizaciones para 30 familias y señaló que continuaría cubriendo gastos de alojamiento y manutención de personas cuyos inmuebles hubieran sido derribados mientras se completaba la documentación de sus expedientes.
La reivindicación llega ahora a la Puerta del Sol
Los afectados por la Línea 7B han trasladado ahora sus demandas al centro de Madrid, donde participan en la acampada instalada en la Puerta del Sol en el marco de las movilizaciones por el derecho a la vivienda.
Su mensaje pone en relación dos problemas que, aunque tienen orígenes diferentes, confluyen en una misma dificultad para las familias: disponer de una vivienda que puedan mantener económicamente.
En el caso de los afectados por Metro 7B, los vecinos reclaman que las soluciones habitacionales tengan en cuenta la situación específica de quienes han perdido sus viviendas o han tenido que abandonarlas como consecuencia de los daños provocados por la infraestructura.
La Plataforma de Afectados lleva años reclamando un plan integral que incluya a las familias desalojadas, las viviendas pendientes de intervención y los inmuebles que ya han sido derribados. También plantea la restitución de las viviendas perdidas y medidas para quienes continúan viviendo en edificios afectados.
La presencia de los afectados en Sol vuelve a situar así la crisis de la Línea 7B en el debate sobre el acceso a la vivienda. En San Fernando de Henares, mientras continúan las actuaciones sobre los inmuebles afectados, las familias reclaman que las soluciones permitan afrontar también el coste de encontrar una nueva vivienda en un mercado que, según denuncian, no pueden asumir.
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