Representantes de la Asociación de Vecinos y Propietarios Afectados por el Metro Línea 7B (AVPAML7B) mantuvieron el pasado 16 de abril una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid con el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el jefe de Gabinete de Presidencia, Fernando Estarás, en la que se abordó la situación derivada del cierre de la Línea 7B de Metro y sus consecuencias sociales y sanitarias.
Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Delegación situadas en la calle Miguel Ángel, los representantes vecinales presentaron formalmente el informe psicosocial elaborado por el Centro SIRA bajo el título «Reconstruyendo Vidas». El documento analiza el impacto acumulado en la salud física y mental de los vecinos afectados tras casi dos décadas de problemas asociados a las obras y al funcionamiento de la infraestructura.
Según trasladó la asociación, la situación se ha prolongado durante aproximadamente 17 o 18 años, periodo en el que denuncian haber sufrido un proceso continuado de deterioro social, económico y emocional, así como una sensación persistente de abandono institucional.
Reconocimiento de la gravedad y de la insuficiencia de las respuestas
Fuentes presentes en la reunión señalaron que el delegado del Gobierno reconoció expresamente la gravedad de la situación y calificó lo ocurrido en el municipio de San Fernando de Henares como un ejemplo de gestión institucional fallida. Asimismo, admitió que las respuestas ofrecidas hasta el momento por las administraciones implicadas han resultado insuficientes para resolver el problema.
En este sentido, el representante del Gobierno central indicó que las gestiones realizadas con anterioridad ante distintos ministerios y ante la administración autonómica no han producido resultados efectivos, lo que ha contribuido a prolongar la incertidumbre entre los afectados.
Compromisos para reactivar la interlocución institucional
Durante la reunión, el delegado del Gobierno se comprometió a reactivar las reclamaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid y a insistir en la creación de un espacio estable de seguimiento y diálogo en el que participen las distintas administraciones y los representantes vecinales.
Entre los compromisos asumidos también figura trasladar la preocupación existente sobre la falta de garantías de no repetición de los daños y sobre la idoneidad de la solución técnica aplicada hasta ahora. Asimismo, se anunció la intención de mantener contactos con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares con el objetivo de impulsar iniciativas de visibilización y apoyo institucional.
La Delegación del Gobierno ofreció, además, poner a disposición de la asociación sus canales de colaboración para explorar posibles ayudas, contactos institucionales y proyectos de memoria y difusión relacionados con el caso.
Una crisis con impacto humano y social
Por su parte, la asociación subrayó que la situación generada por la Línea 7B trasciende el ámbito urbanístico o patrimonial y constituye una crisis con profundas consecuencias humanas y sociales. Según indicaron, el informe presentado documenta el deterioro de la salud física y mental de numerosos vecinos, así como procesos de desarraigo residencial, pérdida de estabilidad económica y disminución de la confianza en las instituciones públicas.
Los representantes vecinales también denunciaron haber tenido que asumir de forma individual los costes de asistencia jurídica, peritajes técnicos y apoyo psicológico ante la ausencia de una respuesta pública suficiente.
Durante el encuentro se alertó igualmente sobre la posibilidad de que los problemas estructurales puedan extenderse a zonas del municipio de Coslada y se trasladaron dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la solución técnica adoptada. En este contexto, se mencionó la existencia de informes profesionales que apuntan a la clausura de los túneles como alternativa potencialmente más sostenible.
Demandas planteadas por los afectados
Entre las principales reivindicaciones expuestas por la asociación se encuentran la creación de un espacio institucional permanente de seguimiento, la habilitación de un punto físico visible de atención a los afectados en San Fernando de Henares y un mayor esfuerzo de visibilización pública del problema.
Asimismo, los vecinos solicitaron el impulso de un proyecto de memoria colectiva que permita mantener el caso en el debate público y reclamaron apoyo institucional para acceder a ayudas y subvenciones destinadas a iniciativas de sensibilización y acompañamiento social.
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