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La Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid impulsan un estudio satelital sobre los movimientos del terreno en la línea 7B de Metro

La Comunidad de Madrid ha suscrito un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para llevar a cabo un análisis detallado de los movimientos del terreno y de las edificaciones situadas en el entorno de la línea 7B de Metro, en los municipios de Coslada y San Fernando de Henares.

El acuerdo, firmado el 21 de agosto de 2025, pretende aportar rigor científico y datos objetivos sobre una infraestructura que arrastra problemas desde su inauguración hace casi dos décadas.

El estudio se apoyará en el uso de tecnología satelital de Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR), que permite medir deformaciones en el terreno con precisión milimétrica a lo largo del tiempo.

Esta técnica se aplicará a un análisis histórico que abarcará desde el año 2003 -inicio de las obras de prolongación de la línea- hasta 2025. Los resultados servirán para identificar con exactitud la evolución de las patologías detectadas en la zona y orientar futuras intervenciones.

Una infraestructura con problemas desde su inauguración

La prolongación de la línea 7 de Metro hacia Coslada y San Fernando de Henares se ejecutó entre 2003 y 2007, mediante el uso de tuneladora y la técnica “cut and cover” para la construcción de varias estaciones. Sin embargo, desde 2009 se han detectado fisuras, asentamientos del terreno y daños en edificios, especialmente en las inmediaciones del pozo de ventilación y bombeo situado en el punto kilométrico 2+890.

Estos problemas han obligado a la Comunidad de Madrid a emprender en los últimos años diversas actuaciones de consolidación e impermeabilización del terreno, así como mejoras de la plataforma y del drenaje en el tramo comprendido entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto.

A pesar de los trabajos en curso, los estudios de auscultación realizados han confirmado que los movimientos detectados no se deben únicamente a la construcción del túnel, lo que ha llevado a la necesidad de un análisis más profundo con herramientas avanzadas.

Un convenio de colaboración científica

El convenio firmado por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo Domínguez, y el rector de la UPM, Óscar García Suárez, establece un marco de colaboración en el que la Comunidad de Madrid facilitará documentación e información, mientras que el Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la UPM asumirá la ejecución técnica de los estudios.

El acuerdo no contempla contraprestaciones económicas entre las partes, pero sí establece que los resultados de los trabajos pasarán a ser titularidad de la Comunidad de Madrid, aunque el equipo investigador conservará la propiedad intelectual. Los análisis parciales y finales estarán sometidos a criterios de confidencialidad, y cualquier difusión de resultados deberá contar con la autorización de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo.

Tecnología InSAR y métricas de salud estructural

La investigación se basará en el procesado de imágenes satelitales en geometrías ascendente y descendente. La técnica InSAR, y en particular su aplicación mediante PSDS (Persistent Scatterer and Distributed Scatterer Interferometry), permitirá aislar las señales de deformación real de otros factores como errores topográficos, atmosféricos o de ruido.

Los datos obtenidos generarán diferentes métricas de salud estructural, entre ellas:

  • Deformación acumulada, para medir los asientos producidos a lo largo del tiempo.
  • Asiento diferencial, que analiza la variabilidad de los movimientos en un mismo edificio o área.
  • Velocidad de deformación, que refleja la rapidez con la que se producen los cambios.
  • Aceleración o cambios de tendencia, que permiten detectar variaciones significativas en el comportamiento del terreno.

Estas métricas se aplicarán a edificios, infraestructuras y áreas extensas de los municipios afectados, ofreciendo un diagnóstico actualizado y fiable sobre su estado.

Acceso a los datos y plataformas digitales

Para facilitar la interpretación de los resultados, la información se pondrá a disposición de la Comunidad de Madrid a través de diferentes herramientas. Destaca la plataforma web EyeRADAR, que permitirá visualizar alertas, series temporales de deformaciones y datos detallados por zonas. Además, se integrarán sistemas de acceso vía API y plugins para software de código abierto como QGIS, con el fin de permitir un análisis más amplio y la correlación con otras variables, como la temperatura o la pluviometría.

Los informes resultantes también estarán disponibles en formatos estándar como CSV, shape o geopackage, lo que facilitará su incorporación a bases de datos propias y su uso por técnicos de la administración.

Plazos de ejecución

El convenio establece un plazo inicial de tres meses para la realización de los trabajos, contados desde el día siguiente a la firma. Durante ese tiempo, la UPM deberá entregar:

  1. Primer informe parcial: centrado en el análisis del periodo 2003-2009.
  2. Segundo informe parcial: referido al periodo 2010-2025.
  3. Informe final: que englobará todos los resultados obtenidos y aportará conclusiones sobre el impacto de las obras del túnel en el entorno de Coslada y San Fernando de Henares, además de propuestas para el seguimiento futuro.

Estos plazos podrán ampliarse hasta el doble, si así lo acuerda la Comisión de Seguimiento que se creará para supervisar el cumplimiento del convenio. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 12 meses, prorrogables por un año más si ambas partes lo estiman conveniente.

Repercusiones y expectativas

El convenio supone un paso relevante para aclarar las causas y la magnitud de los problemas asociados a la línea 7B de Metro, una de las infraestructuras más conflictivas de la red madrileña. Con los datos obtenidos, la Comunidad de Madrid espera disponer de una herramienta sólida para planificar intervenciones de mantenimiento, reparación o refuerzo, así como para garantizar la seguridad de vecinos y usuarios.

El uso de tecnología satelital, ya aplicada en otros contextos internacionales, permitirá además que la información se actualice periódicamente y que se establezcan sistemas de alerta temprana ante posibles nuevos movimientos del terreno.


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