La Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid aprobará esta semana en Consejo de Gobierno una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, una iniciativa que tiene como objetivo incrementar la oferta de vivienda pública y asequible en la región y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la norma prevé la creación de más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años. Esta medida, adelantada previamente por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno regional en materia de vivienda y busca responder a la demanda actual del mercado mediante un aumento de la capacidad edificatoria y una reducción de los plazos de construcción.
Entre los principales elementos de la ley, el Gobierno madrileño contempla incentivos urbanísticos destinados a incrementar la capacidad de las promociones sin necesidad de consumir nuevo suelo. En concreto, se plantea la posibilidad de aumentar hasta un 30% la densidad y hasta un 20% la edificabilidad, con el objetivo de permitir un mayor número de viviendas en las mismas actuaciones urbanísticas.
La Comunidad de Madrid señala que esta iniciativa se suma a otras políticas desarrolladas desde 2019 para impulsar la vivienda protegida y asequible. En este periodo, la región se sitúa como la que más vivienda pública ha construido en España, concentrando más del 40% del total nacional, según los datos aportados por el Gobierno regional.
Dentro de estas actuaciones, el Plan VIVE, centrado en el alquiler asequible y basado en la colaboración público-privada, ha permitido la entrega de 5.300 viviendas en una veintena de municipios. Además, el Ejecutivo autonómico prevé incorporar otras 3.200 viviendas durante este año en promociones actualmente en construcción, con el objetivo de alcanzar las 14.000 viviendas en 2027.
En paralelo, el Gobierno regional ha impulsado medidas fiscales vinculadas al acceso a la vivienda, con un total de 14 rebajas de impuestos desde 2019, dirigidas especialmente a facilitar la emancipación de los menores de 25 años.
También se ha ampliado de 40 a 50 años el límite de edad para acceder a avales hipotecarios, una iniciativa dotada con 25 millones de euros, y se ha desarrollado el programa Mi Primera Vivienda, que ha elevado a 425.000 euros el importe máximo subvencionable para facilitar el acceso a financiación hipotecaria del 100%.
Otra de las medidas destacadas es la transformación de oficinas en viviendas de alquiler asequible, una iniciativa que, según el Ejecutivo autonómico, ha permitido incorporar más de 8.000 viviendas al mercado inmobiliario regional y beneficiar a unas 20.000 personas.
En materia de vivienda social, se prevé un incremento del 24% de la inversión pública en 2026, con el objetivo de entregar más de 700 viviendas de las 2.100 previstas para esta legislatura destinadas a familias vulnerables.
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha autorizado la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada mediante cambios de uso del suelo, incluyendo terrenos destinados previamente a alojamientos hoteleros.
Por último, el Gobierno regional ha aprobado nuevas ayudas dirigidas a familias numerosas y monoparentales, junto con la recuperación de la figura del arrendamiento con opción a compra, la supresión de tasas para la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos y medidas orientadas a aumentar la oferta de alquiler en pequeños municipios.
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