«La reciente crecida del río Jarama, tras las lluvias registradas en los últimos días, ha vuelto a poner en riesgo a personas y animales domésticos en la zona de chamizos y construcciones ilegales situadas en la ribera a su paso por San Fernando de Henares». Así lo ha denunciado la Plataforma Ecologista Madrileña, que advierte de que «se trata de terrenos inundables y protegidos donde no debería existir ningún tipo de edificación».
Según el comunicado difundido por las organizaciones ecologistas, las riberas del Jarama forman parte de un ecosistema protegido, integrado en el Parque Regional del Sureste y en la Red Natura 2000, además de estar calificadas como suelo no urbanizable. Pese a ello, en un tramo aproximado de 800 metros se han parcelado y ocupado terrenos para instalar construcciones permanentes, corrales y chamizos sin licencia ni autorización de los propietarios de los suelos, entre ellos el propio Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
Las inundaciones registradas estos días «han obligado, una vez más, a evacuar de urgencia estas instalaciones, una situación que ya se produjo en episodios anteriores como el paso de la borrasca Filomena o en las crecidas del pasado año». Para los colectivos ecologistas, estos hechos «evidencian el riesgo que supone permitir actividades en zonas catalogadas como inundables y de alto valor ambiental».
Críticas a las administraciones
La Plataforma Ecologista Madrileña -integrada por ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura- sostiene que desde hace seis años vienen denunciando estas ocupaciones ante el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En el caso del Ayuntamiento, «al que corresponde velar por la legalidad urbanística, los colectivos denuncian que, pese a la apertura de expedientes, informes técnicos y actuaciones policiales desde al menos abril de 2020, no se ha logrado la retirada efectiva de las construcciones ni la recuperación de los terrenos públicos ocupados».
Respecto a la Consejería de Medio Ambiente, «competente en la gestión de espacios protegidos, critican que su actuación se limite a trasladar las denuncias sin intervenir de forma directa». En cuanto a la CHT, «responsable del Dominio Público Hidráulico, señalan que su intervención se ha reducido a la imposición de sanciones sin que ello haya supuesto el cese de las ocupaciones».
Uso recreativo y generación de residuos
El comunicado también apunta que muchas de estas parcelas son utilizadas por vecinos de San Fernando de Henares y Coslada «con fines recreativos», lo que, según denuncian, «está provocando el abandono de residuos en el cauce del río y un deterioro añadido del entorno natural».
Ante esta situación, la Plataforma Ecologista Madrileña exige a las administraciones competentes que «actúen de manera coordinada y hagan cumplir la legislación ambiental y urbanística vigente». En su escrito, emplazan a las instituciones responsables del río, del Parque Regional y del suelo no urbanizable a aplicar los instrumentos legales necesarios para evitar situaciones de riesgo y poner fin a lo que consideran una de las últimas ocupaciones ilegales de suelos ribereños en la Comunidad de Madrid.
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