La Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro de San Fernando de Henares ha emitido un comunicado en el que responde a las recientes informaciones difundidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con esta infraestructura. Según la asociación, los mensajes oficiales que sostienen que el problema está prácticamente resuelto, que las familias han sido indemnizadas y que la situación de las víctimas ha mejorado, “están completamente al margen de la realidad”.
La entidad vecinal ha expuesto sus argumentos en torno a dos aspectos clave: el impacto social y el problema técnico.
En el plano social, la Plataforma recuerda que decenas de familias han sido desalojadas de sus viviendas y negocios. Los datos que manejan son contundentes: más de 600 viviendas afectadas, 217 personas desalojadas, 73 inmuebles derribados, 21 calles afectadas, comercios y espacios públicos demolidos, además de nueve cierres de la línea en los últimos 17 años.
El colectivo denuncia que el Gobierno regional obliga a las familias a recurrir a los tribunales para obtener indemnizaciones, manteniéndolas, además, como titulares de los solares demolidos, lo que supone una carga fiscal añadida. Muchas de estas familias, afirman, se han visto forzadas a abandonar el municipio ante la falta de alternativas habitacionales. Asimismo, critican que los expedientes de responsabilidad patrimonial ofrecidos por la Consejería de Transporte y Vivienda trasladan a los propios vecinos la contratación y pago de las reparaciones, lo que, según la Plataforma, deja abierta la puerta a que el Ejecutivo regional eluda responsabilidades por futuros daños.
Los afectados también lamentan la ausencia de planes para recuperar los servicios públicos perdidos en el complejo dotacional El Pilar, donde actualmente solo está proyectada la construcción de un parque de 10 millones de euros. Tampoco existe, añaden, planificación para devolver al municipio la masa urbanística demolida, ni soluciones reales para los comercios afectados, que afrontan un procedimiento administrativo “imposibilitante” para acceder a indemnizaciones.
En este sentido, la Plataforma concluye que “la falta de voluntad política” está llevando a los afectados a una situación insostenible y reclama “una vivienda digna por cada vivienda derribada, una reparación real para los comercios y la restitución de los servicios públicos perdidos”.
Respecto al plano técnico, la entidad cita el último dictamen del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, que advierte de que “San Fernando de Henares se hunde”. Según la Plataforma, no se trata de una metáfora, sino de un hecho constatado en estudios científicos que llevan años insistiendo en la necesidad de un análisis hidrogeológico profundo. Propuestas en esta línea, planteadas ya en 2008 por las universidades Politécnica y Complutense, han sido ignoradas de manera sistemática.
La Plataforma advierte de que la opacidad de la Comunidad de Madrid es otro de los grandes problemas, ya que los informes técnicos sobre las intervenciones realizadas en el municipio continúan ocultos, lo que dificulta la elaboración de nuevos estudios que permitan avanzar hacia una solución definitiva.
Tras 17 años, la organización considera que el Gobierno autonómico ha demostrado su incapacidad para dar respuesta tanto al problema técnico como al social, lo que ha derivado en “una gravísima vulneración de los derechos de las víctimas”.
Ante esta situación, la Plataforma de Afectados por la Línea 7B exige:
- La puesta en marcha de un Plan Integral que garantice una vivienda digna por cada vivienda derribada o dañada.
- La mejora y ampliación de las indemnizaciones al comercio local, incluyendo los daños materiales y morales.
- La publicación de todos los informes relativos a la infraestructura para su evaluación por organismos independientes.
- La realización urgente de un estudio hidrogeológico en San Fernando de Henares y Coslada.
- El reconocimiento íntegro de las viviendas damnificadas y de los daños ocasionados.
- La recuperación del parque urbanístico y los servicios públicos perdidos, dentro de una solución global enmarcada en un Pacto de Estado.
La Plataforma concluye que, a día de hoy, el conflicto en torno a la Línea 7B de Metro se encuentra en un escenario incierto y lejos de resolverse, mientras las víctimas permanecen “desamparadas y con sus derechos vulnerados”.
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