La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria, en el marco de la operación Pox. La red operaba desde varios puntos, siendo San Fernando de Henares uno de los epicentros, al albergar el matadero clandestino principal donde se sacrificaban los animales en condiciones insalubres y sin control sanitario.
En total, cinco personas han sido detenidas y otras 12 están siendo investigadas por delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. No se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
Más de 350 animales sacrificados por inanición o enfermedades
Los animales eran transportados desde explotaciones ganaderas, tanto legales como ilegales, hasta una instalación clandestina en la provincia de Toledo, gestionada por el principal investigado. Desde allí, se dirigían a un matadero autorizado en Ávila -donde se mezclaba la actividad legal con la fraudulenta- o al matadero ilegal en San Fernando de Henares, donde se ejecutaba el sacrificio sin respetar normas básicas de bienestar animal ni higiene.
Posteriormente, la carne era distribuida sin trazabilidad ni etiquetado, en un circuito totalmente ilegal que abastecía a nueve restaurantes de la Comunidad de Madrid -cuatro de los cuales han sido cerrados cautelarmente- e incluso se ofrecía a domicilio a través de plataformas en línea. También se vendía a particulares en distintos municipios madrileños.
Durante los registros, se han intervenido 10.000 euros en efectivo, crotales, documentación, dispositivos electrónicos, instrumental veterinario y medicamentos. Se han realizado siete registros (cuatro en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos), y se inspeccionaron nueve restaurantes. Como resultado, más de 350 animales tuvieron que ser sacrificados debido a su grave estado de inanición, enfermedades y malformaciones irreversibles.
Una red organizada con varios niveles jerárquicos
La estructura criminal estaba formada por varios escalones jerárquicos, con roles bien definidos. Esta organización permitía esquivar controles sanitarios y fiscales, empleando documentación falsificada, pagos en efectivo y facturación en “B” para blanquear capitales y evitar impuestos.
Las autoridades advierten del grave riesgo para la salud pública que supone la comercialización de carne sin control veterinario. Además, el movimiento ilegal de ganado favorece la propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina, contraviniendo las medidas de cuarentena y causando pérdidas millonarias en el sector ganadero.
La operación ha contado con la colaboración de Europol, SEPRONA de Madrid, Toledo y Ávila, la Policía Municipal de Madrid y diferentes organismos autonómicos y estatales, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, y las Direcciones Generales de Salud Pública y Agricultura de la Comunidad de Madrid.
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