El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el Plan Especial UE-1 aprobado en 2009 para la rehabilitación de la Plaza de España de San Fernando de Henares, pero el Ayuntamiento descarta cualquier derribo de las edificaciones y anuncia que trabajará en la modificación de los instrumentos urbanísticos para restablecer la legalidad.
El concejal de Urbanismo, Industria y Vivienda, Santos Rozalén, explicó que esta resolución judicial «en ningún caso ordena la demolición de las obras», ya finalizadas en marzo de 2012, sino que «lo que dice es que hay que restaurar la legalidad y es lo que el Ayuntamiento, este grupo de gobierno, piensa hacer». En este sentido, el edil subrayó que el Consistorio iniciará la tramitación necesaria para adaptar la normativa vigente y dar cumplimiento a la sentencia.
Rozalén recordó que en 2009 se aprobó el plan especial para la rehabilitación del complejo de interés cultural y que, tras la finalización de las obras, toda la operación quedó bloqueada en un concurso de acreedores. «Desde 2019 este equipo de gobierno ha conseguido desbloquear la situación. Se ha pactado con el Juzgado de lo Mercantil, con la entidad financiera que tenía hipotecados los bienes y con el Ministerio de Hacienda, de modo que los inmuebles, que antes eran de una sociedad privada, ahora son municipales, ahora son de la ciudad», indicó.
El concejal destacó que este acuerdo permitió una reducción de la deuda municipal de en torno al 60% y que la Plaza de España, cerrada durante más de 15 años, haya podido reabrir sus puertas para los vecinos. «Estamos hablando de 167 viviendas, 67 locales y más de 800 plazas de aparcamiento que deben quedar para el uso ciudadano», afirmó.
La sentencia del TSJM, dictada a finales de julio, invalida el Plan Especial aprobado en 2009, elaborado en común acuerdo con la Comunidad de Madrid. El fallo obliga a rehacer el procedimiento urbanístico, aunque no altera los logros alcanzados en los últimos años: la titularidad pública de los bienes, la reducción de la deuda municipal y la apertura de la plaza tras una década y media de abandono.
Rozalén insistió en que «no tiene ningún sentido plantear un derribo» después de haber recuperado para la ciudad un espacio estratégico. «A partir de ahora vamos a trabajar en la modificación de los instrumentos urbanísticos necesarios para restaurar la legalidad», reiteró, al tiempo que garantizó el compromiso del Gobierno municipal con la defensa de los intereses vecinales frente a cualquier intento de retroceso.
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