La Plataforma de afectados por la Línea 7B de Metro ha convocado a los medios de comunicación a la presentación pública de un nuevo informe psicosocial sobre el impacto en la salud mental de los vecinos y vecinas afectados por el hundimiento de la infraestructura. El acto tendrá lugar el martes 10 de marzo a las 11:00 horas en el Centro Cultural Gabriel Celaya, situado en la plaza Fernando VI de San Fernando de Henares.
El informe ha sido elaborado por el Centro Sira (Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura) y analiza las consecuencias sociales, psicológicas y comunitarias derivadas de la crisis provocada por la construcción y posterior deterioro de la Línea 7B de Metro. La presentación está organizada por la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por Metro Línea 7B, con la colaboración del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y la participación de Psicología Sin Fronteras.
Una catástrofe urbana con cientos de familias afectadas
La situación generada por la infraestructura del suburbano ha provocado, según los datos aportados por la plataforma vecinal, el derribo de 73 viviendas y 6 comercios, además de la afectación directa a unas 600 familias y 21 calles del municipio.
Durante casi dos décadas, los residentes han convivido con grietas en edificios, obras permanentes, desalojos y demoliciones. A partir de 2019 y hasta 2024, la situación se agravó con el colapso progresivo de viviendas y realojos forzosos de numerosas familias en apartahoteles alejados de su entorno habitual. Muchos vecinos permanecieron durante meses o años en alojamientos temporales mientras se sucedían los derribos y las intervenciones en el subsuelo.
La crisis también ha afectado a equipamientos públicos emblemáticos de la ciudad, como el edificio municipal El Pilar, que albergaba servicios como guardería, la Escuela Oficial de Idiomas, la Casa de la Mujer, espacios juveniles y la escuela de adultos, todos ellos finalmente demolidos.
Casi dos décadas de advertencias
El origen del problema se remonta a la ampliación de la Línea 7B, inaugurada en 2007. Apenas un año después comenzaron a aparecer informes técnicos que advertían del riesgo de colapso del túnel y del terreno circundante. Entre 2009 y 2010 se detectaron las primeras grietas en viviendas y comercios, y en 2011 se iniciaron trabajos de inyección de mortero y pilotaje de calles para estabilizar el subsuelo.
Un informe técnico de la Comunidad de Madrid de 2016 reconocía que “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros problemas”, lo que permitió que la degradación del terreno evolucionara hacia un punto difícilmente reversible.
En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia firme que señalaba a la Comunidad de Madrid como única administración responsable de la situación.
Impacto psicológico y social
El informe elaborado por el Centro Sira concluye que los daños sufridos por la población afectada son “acumulativos y estructurales”, y que la catástrofe ha vulnerado esferas fundamentales de la vida humana, generando situaciones de estrés prolongado, incertidumbre y deterioro del tejido comunitario.
Según el estudio, las consecuencias evidencian una vulnerabilidad estructural en la población afectada, agravada por años de obras, derribos continuos, desinformación institucional y pérdida de los proyectos de vida de muchos vecinos.
Recomendaciones para una reparación integral
Entre las principales recomendaciones, el informe plantea la necesidad de aplicar medidas para la restitución digna de los proyectos de vida de los afectados, incluyendo:
- Atención integral en salud, especialmente en el ámbito psicológico.
- Medidas de protección y estabilización social para las familias desplazadas.
- Creación de mecanismos permanentes de información, atención y acompañamiento para la población afectada.
La presentación del informe pretende visibilizar el impacto humano de una crisis que, según denuncian los vecinos, se prolonga desde hace 18 años y continúa afectando profundamente a la vida cotidiana del municipio.
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