La Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro ha denunciado este miércoles lo que consideran un “cierre en falso” por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con los daños ocasionados por el trazado del suburbano a su paso por San Fernando de Henares y Coslada. La organización vecinal ha criticado que la reapertura del servicio, que se produce por décima vez en los últimos diecisiete años, no supone una solución real a los problemas estructurales y sociales que arrastra la zona desde hace casi dos décadas.
Según datos aportados por la plataforma, el balance de este periodo es “devastador”: más de 600 viviendas afectadas, 83 demolidas, negocios arruinados, pérdida de servicios públicos y una devaluación generalizada del valor de las propiedades. Además, los vecinos denuncian un “daño psicológico irreparable” entre las familias afectadas.
Mientras las autoridades regionales celebran la reapertura de la línea, los damnificados aseguran seguir sufriendo las consecuencias de lo que califican como una “gestión negligente e ineficaz”. Los vecinos que perdieron sus hogares continúan recurriendo a la vía judicial para acceder a una vivienda digna, mientras que en otras zonas, los daños estructurales persisten o reaparecen pese a las reparaciones parciales.
El comercio local tampoco ha recuperado su actividad normal, afectado por los sucesivos trabajos de consolidación del terreno que han obligado al cierre o traslado de varios establecimientos. A esto se suma, según la plataforma, la falta de atención a las secuelas psicológicas de cientos de familias.
En el comunicado, los portavoces de los afectados acusan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “dejar a la ciudadanía completamente desprotegida” y reclaman “soluciones reales y urgentes” para los damnificados. Además, anuncian un nuevo ciclo de movilizaciones bajo una consigna unívoca: “dignidad, justicia y reparación”.
Impacto en la salud mental
Un informe pericial preliminar elaborado por el Centro Sira apunta a que las obras del Metro han tenido un fuerte impacto en la salud mental de los vecinos. Según este estudio, seis de cada diez personas reconocen haber recibido o necesitar atención psicológica por ansiedad, depresión o problemas de nervios derivados de la situación. Los sentimientos más frecuentes son el miedo, la rabia, la tristeza y la desesperanza.
La mitad de los encuestados afirma haberse sentido incapaz de realizar sus actividades diarias en algún momento del proceso, y siete de cada diez declaran haber perdido la confianza en las instituciones.
El informe atribuye estos efectos al ataque a un elemento esencial de la vida —la vivienda—, al estrés sostenido y a la falta de respuesta institucional ante el agravamiento de los daños. La reinauguración de la línea, según la Plataforma, “evidencia de nuevo esa ausencia de reparación y de empatía con las víctimas”.
¡Síguenos en Telegram!