El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley que insta al Gobierno a reducir el IVA de los servicios funerarios del 21 % al tipo reducido del 10 %. Se trata de una reclamación histórica del sector, liderada durante años por el Observatorio de los Servicios Funerarios (OSF).
Desde su creación, el OSF ha impulsado el debate sobre el impacto de la fiscalidad en uno de los momentos más significativos para las familias españolas: la de homenaje de un ser querido. La presidenta del Observatorio, María Dolores Asensi, ha valorado la decisión parlamentaria como “un paso firme en la dirección correcta y una victoria para la ciudadanía y el sentido común”.
Asensi ha añadido: “No pedimos privilegios, pedimos justicia fiscal para las familias españolas en un servicio esencial. El Congreso ha escuchado la voz de las familias. Ahora le toca al Gobierno actuar”.
España, entre los países con mayor IVA funerario de Europa
La reclamación del OSF, foro independiente clave de los servicios funerarios, se basa en una comparación objetiva: nuestro país aplica uno de los tipos de IVA más altos de la Unión Europea a los servicios funerarios, solo por debajo de Hungría y Grecia. Mientras en España se mantiene el 21 % desde 2012, otros países del entorno europeo aplican tipos reducidos o incluso exenciones, como es el caso de Portugal, Italia o Países Bajos.
Esta situación penaliza un servicio básico que no admite planificación ni aplazamiento, y supone un trato discriminatorio frente a otros servicios esenciales, como los sanitarios o asistenciales, que sí tributan al tipo reducido.
Una propuesta construida desde el consenso
El OSF ha promovido esta causa desde un enfoque técnico y ciudadano. A través de informes, propuestas normativas y foros de diálogo como el Encuentro Anual del Sector Funerario, ha generado un argumentario riguroso y ampliamente compartido en el sector.
En uno de sus últimos estudios, el Observatorio alertaba de que el coste medio de un sepelio en España supone un esfuerzo económico considerable, especialmente para las rentas más bajas. Reducir el IVA al 10 % permitiría un alivio fiscal de hasta 400 euros por familia.
“Es una cuestión de sensibilidad política, pero también de racionalidad fiscal. Es el momento de adaptar la normativa a la realidad social y al sentido común que ya refleja la mayoría parlamentaria”, ha incidido Asensi.
Del gesto al compromiso: el llamamiento del OSF al Gobierno
Desde el OSF se insiste en que esta proposición no de ley debe traducirse en hechos. La aprobación evidencia una mayoría parlamentaria clara, pero la responsabilidad final recae ahora en el Gobierno de España.
El Observatorio continuará trabajando con todos los actores institucionales para lograr que esta medida se incorpore en la normativa tributaria lo antes posible. “Estamos ante la oportunidad de corregir una anomalía fiscal que dura ya demasiado tiempo”, concluye su presidenta.
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