La Plataforma de Afectados por Metro 7B ha denunciado lo que considera un “abandono” por parte de la Comunidad de Madrid de las familias desalojadas de varios edificios de la calle Nazario Calonge de San Fernando de Henares. El colectivo reclama una respuesta para los vecinos afectados y cuestiona las explicaciones ofrecidas por el Gobierno regional sobre el origen de los daños en los inmuebles.

La denuncia se produce después de que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares decretara el pasado 28 de julio la ruina física de los números 14, 16 y 18 de la calle Nazario Calonge, sin descartar entonces que la medida pudiera ampliarse al número 12. Las familias residentes tuvieron que abandonar sus viviendas ante el deterioro de los edificios.

La Plataforma sostiene que la situación se suma a los problemas acumulados durante los últimos años en torno a la Línea 7B de Metro y reclama medidas que permitan garantizar una solución habitacional y la reparación de los daños ocasionados.

Tres edificios fueron declarados en ruina en julio

Según recuerda el colectivo, el Ayuntamiento decretó el 28 de julio la ruina física de los números 14, 16 y 18 de Nazario Calonge. La decisión obligó a las familias que residían en estos inmuebles a abandonar sus hogares.

La Plataforma asegura que los vecinos tuvieron que afrontar el desalojo en un contexto marcado por grietas y daños en los edificios y critica que, a su juicio, la respuesta de la Comunidad de Madrid no haya ofrecido una solución suficiente para las familias afectadas.

El colectivo considera especialmente relevante que el Gobierno regional haya abierto expedientes de responsabilidad patrimonial de oficio por los daños ocasionados en viviendas, pero sostiene que posteriormente la Administración autonómica ha desvinculado el hundimiento de los edificios de los problemas asociados a la infraestructura de Metro.

Estas afirmaciones forman parte de la posición expresada por la Plataforma, que reclama que se determine el origen de los daños y que las administraciones asuman las responsabilidades que correspondan.

La Comunidad atribuye los daños a una fuga de agua

Uno de los principales puntos de conflicto entre los afectados y el Gobierno regional se encuentra precisamente en la explicación sobre el origen de los daños.

La Plataforma afirma que la Consejería de Transportes y Vivienda ha atribuido el deterioro a “una importante fuga de agua en las instalaciones del número 14”, descartando que el hundimiento de los edificios tenga relación con los efectos generados por la infraestructura de Metro.

El colectivo rechaza esta explicación y considera que supone un intento de desvincular los daños de la problemática de la Línea 7B. En su comunicado, los afectados cuestionan además las declaraciones realizadas por el consejero de Transportes y Vivienda, Jorge Rodrigo.

La posición de la Comunidad de Madrid resulta clave para contextualizar una controversia que se mantiene desde hace años en San Fernando de Henares y Coslada, donde los problemas derivados de la Línea 7B han provocado el desalojo y demolición de diferentes inmuebles.

Los afectados reclaman vivienda y reparación

Más allá de los edificios desalojados recientemente, la Plataforma sostiene que los problemas afectan a un número mayor de residentes y reclama una respuesta global para las personas perjudicadas.

El colectivo asegura que existen viviendas en las inmediaciones de las zonas de actuación en las que los daños habrían reaparecido después de reparaciones parciales. También critica que algunos inmuebles no sean considerados oficialmente afectados y cuestiona el sistema de reparación ofrecido por la Administración regional.

La Plataforma sostiene que estas actuaciones se estarían realizando sin atender en todos los casos al criterio de los propietarios y reclama una estrategia que permita abordar de manera integral los daños existentes.

A esta situación, el colectivo suma las consecuencias sobre el comercio local y los problemas derivados de la pérdida o traslado de servicios públicos, además de las consecuencias psicológicas que, según afirma, estarían sufriendo algunas familias afectadas.

La denuncia sitúa así el conflicto más allá de la situación concreta de los edificios desalojados durante el verano y vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias sociales y económicas de los problemas asociados a la Línea 7B.

La Plataforma cuestiona el futuro de la zona afectada

El colectivo también ha criticado que la Comunidad de Madrid y las administraciones implicadas puedan centrar la atención en la recuperación urbanística de las zonas afectadas mientras permanecen pendientes, según su posición, las soluciones para las familias que han perdido sus viviendas.

La Plataforma hace referencia en su comunicado a la futura apertura de un espacio que el Ayuntamiento y la Comunidad han presentado como parque y considera que este proyecto no puede ser entendido como el cierre del conflicto mientras continúen pendientes las reclamaciones de los afectados.

Para el colectivo, la recuperación de los espacios urbanos debe ir acompañada de soluciones habitacionales y económicas para quienes han sufrido las consecuencias de los problemas de la Línea 7B.

La Plataforma reclama también que se mantenga la atención sobre los vecinos de San Fernando de Henares y Coslada que continúan afectados por las consecuencias de la infraestructura ferroviaria.

Nueva concentración el 16 de octubre

Ante esta situación, la Plataforma de Afectados por Metro 7B ha anunciado una nueva movilización para reclamar una respuesta de las administraciones.

La concentración tendrá lugar el viernes 16 de octubre a las 19:00 horas en la calle Nazario Calonge, precisamente junto a una de las zonas afectadas por los desalojos decretados este verano.

El colectivo ha fijado como principales reivindicaciones “dignidad, justicia y reparación” para las personas afectadas por la Línea 7B en San Fernando de Henares y Coslada.

La movilización se plantea como una nueva acción dentro de las protestas que los afectados mantienen para reclamar soluciones a un conflicto que ha provocado durante los últimos años desalojos, demoliciones, daños en viviendas y cambios en la configuración urbana de diferentes zonas de ambos municipios.

La Plataforma ha asegurado que continuará reclamando medidas hasta que, según sus reivindicaciones, las personas afectadas reciban una solución habitacional y la reparación que consideran pendiente.

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El Ayuntamiento de San Fernando de Henares denuncia la situación de extrema gravedad que están padeciendo las familias de la calle Nazario Calonge, obligadas a abandonar sus viviendas tras la aparición de nuevos daños estructurales en un entorno afectado, desde hace años, por la grave problemática generada por la Línea 7B de Metro, cuya única administración responsable y con competencias es la Comunidad de Madrid que, sin embargo, atribuye estas afecciones a la rotura de una tubería en uno de los inmuebles. Pero los hechos demuestran lo contrario.

Los antecedentes administrativos y técnicos ponen de manifiesto que esta zona es objeto de actuaciones continuadas en el tiempo derivadas de esta infraestructura. De hecho, el Gobierno regional ha intervenido en este ámbito. Así, ha procedido a la demolición de edificios del complejo dotacional ‘El Pilar’, situado a escasos metros de estas casas.

También ha ejecutado reparaciones en inmuebles aledaños y mantiene abiertos expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con estos daños. Asimismo, existen informes que motivaron dichas intervenciones, y los servicios técnicos municipales concluyen que estos daños guardan relación con las afecciones de Metro.

Ante este panorama, el área de Urbanismo del Consistorio ha dictado una orden de ejecución dirigida a la Comunidad de Madrid, concediéndole un plazo de diez días para que adopte las actuaciones necesarias con el fin de garantizar la seguridad de las personas y cumplir con las obligaciones que le corresponden.

Paralelamente, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha actuado con carácter de urgencia para evitar que las familias afectadas quedaran desatendidas, utilizando todos los recursos municipales disponibles. En este sentido, se ha facilitado su realojo y se continúa prestando apoyo social y técnico a los vecinos afectados.

“No vamos a permitir que, quienes llevan años sufriendo las consecuencias de la Línea 7B, sean abandonados por la administración responsable y competente. Nuestra prioridad son las familias, su seguridad y la defensa de sus derechos. Seguiremos utilizando todos los instrumentos legales e institucionales a nuestro alcance para exigir una solución definitiva”, ha explicado el alcalde, Javier Corpa.

Asimismo, lamentar que, en el pleno extraordinario y urgente convocado para abordar esta situación el pasado 30 de julio, no fuera posible alcanzar la unanimidad de la Corporación, porque el Grupo Municipal Popular no apoyó la declaración institucional donde se reclamaba que la Comunidad de Madrid asumiera sus responsabilidades.

El Gobierno municipal reitera que continuará defendiendo, como hasta ahora, los intereses de San Fernando de Henares y de sus vecinos, exigiendo que se adopten medidas definitivas que pongan fin a una dramática situación que, durante años, ha provocado daños en viviendas, demoliciones de edificios, afecciones al patrimonio municipal y un grave impacto social.

También reclama una respuesta inmediata, coordinada y definitiva por parte de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias afectadas y evitar que se repitan situaciones como la que atraviesan, actualmente, los vecinos de la calle Nazario Calonge.

Lee la noticia completa: El Ayuntamiento exige a la Comunidad de Madrid que asuma su responsabilidad y garantice una solución inmediata para las familias afectadas por la Línea 7B

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha instado a la Comunidad de Madrid a asumir de forma inmediata su responsabilidad con los vecinos afectados por las graves patologías estructurales detectadas en los inmuebles situados en los números 12, 14, 16 y 18 de la calle Nazario Calonge, unos daños que, según los informes técnicos municipales, están relacionados con las afecciones provocadas por la Línea 7B de Metro.

La petición se produjo durante el Pleno extraordinario celebrado este jueves, en el que el equipo de Gobierno mostró su preocupación por la situación que atraviesan las familias residentes en estos edificios.

El concejal de Planificación de la Ciudad, Santos Rozalén, explicó que los informes técnicos constatan «patologías estructurales de extrema gravedad», lo que ha obligado al Ayuntamiento a iniciar un expediente de ruina física inminente y a proponer el desalojo de los inmuebles por motivos de seguridad.

Asimismo, confirmó el cese inmediato de la actividad de la escuela infantil ubicada en el número 16 como medida preventiva.

El Ayuntamiento responsabiliza a la Comunidad de Madrid

El Consistorio sostiene que las afecciones detectadas guardan una relación directa con las actuaciones vinculadas a la Línea 7B de Metro, infraestructura cuya competencia corresponde al Gobierno regional.

En este sentido, Rozalén señaló que corresponde a la Comunidad de Madrid «garantizar la seguridad, proteger los derechos de los afectados y ofrecer respuestas inmediatas y eficaces».

El Ayuntamiento recuerda además que estos nuevos daños se suman a una larga lista de consecuencias derivadas de la infraestructura, entre ellas viviendas demolidas, edificios públicos derribados en el complejo de El Pilar, desperfectos en espacios públicos y los reiterados cierres de la Línea 7B desde su puesta en funcionamiento.

Por su parte, el alcalde, Javier Corpa, reiteró el compromiso municipal con los vecinos afectados. «Siempre vamos a estar al lado de los vecinos y defendiendo el interés general de la ciudad, cueste lo que cueste».

Acuerdos aprobados por el Pleno

La moción salió adelante con los votos favorables de PSOE, Más Madrid y Vox, mientras que el Partido Popular se abstuvo.

Entre los principales acuerdos aprobados figuran:

• Instar a la Comunidad de Madrid a asumir todas las responsabilidades derivadas de las afecciones ocasionadas por la Línea 7B de Metro en los inmuebles de la calle Nazario Calonge.
• Exigir el realojo inmediato, digno y con todas las garantías de las familias afectadas mientras persista la situación de riesgo o hasta que puedan regresar con seguridad a sus viviendas.
• Reclamar que el Gobierno regional asuma íntegramente los costes derivados del alojamiento, guardamuebles, traslados y cualquier otro gasto necesario para garantizar unas condiciones de vida dignas.
• Solicitar la ejecución urgente de todas las actuaciones técnicas necesarias para determinar el alcance de los daños y garantizar la seguridad de los edificios.

El Ayuntamiento concluye reafirmando su compromiso de continuar defendiendo los intereses de San Fernando de Henares y de exigir a la Comunidad de Madrid una solución definitiva para las familias afectadas por las consecuencias de la Línea 7B de Metro.

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El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha declarado la situación de ruina física inminente de los inmuebles situados en la calle Nazario Calonge 14, 16 y 18, tras constatar los servicios técnicos municipales la existencia de daños estructurales que pueden comprometer la seguridad de las personas. Paralelamente, el Consistorio está analizando la situación del número 12 de la misma vía.

La decisión se ha adoptado mediante decreto municipal al amparo del artículo 172 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y tiene como finalidad exclusiva preservar la seguridad pública. El decreto ya ha sido dictado para el número 16 y se tramitará en el mismo sentido para los números 14 y 18.

Grietas activas y movimientos estructurales

Los informes técnicos municipales describen un escenario de lesiones estructurales generalizadas, con grietas activas, movimientos que continúan evolucionando y daños cuya magnitud obliga a realizar nuevas actuaciones de evaluación y seguimiento.

Según el Ayuntamiento, estas circunstancias hacen necesaria la adopción inmediata de medidas preventivas para evitar cualquier riesgo para los ocupantes de los inmuebles afectados.

El decreto también requiere la elaboración de la documentación técnica necesaria para determinar con precisión el estado estructural de los edificios y definir las actuaciones que permitan recuperar sus condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento insiste en que la medida responde a criterios técnicos

El concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible, Santos Rozalén, ha subrayado que la decisión se ha tomado exclusivamente por motivos de seguridad.

“La prioridad absoluta del Ayuntamiento es proteger la seguridad de las personas. Las decisiones adoptadas responden exclusivamente a criterios técnicos y preventivos, y se han tomado con la máxima responsabilidad ante la evolución de las patologías detectadas en el edificio”, afirmó el edil.

Coordinación con la Comunidad de Madrid

El Consistorio recuerda que la Comunidad de Madrid mantiene actuaciones de seguimiento técnico sobre estos inmuebles dentro del marco de las afecciones producidas en el entorno de la Línea 7B de Metro, origen de los problemas detectados en esta zona del municipio.

Por este motivo, el decreto dispone su notificación a la Administración regional para garantizar la coordinación institucional y la continuidad de las actuaciones relacionadas con la seguridad, la reparación de los inmuebles, los realojos y las posibles indemnizaciones que pudieran corresponder dentro de las competencias autonómicas.

Un conflicto que se prolonga desde hace años

La calle Nazario Calonge forma parte de una de las áreas más afectadas por las incidencias asociadas a la Línea 7B de Metro. En este entorno se vienen desarrollando desde hace años trabajos de seguimiento, consolidación y reparación impulsados por la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha reiterado su exigencia al Gobierno regional para que adopte soluciones definitivas a los problemas generados por la infraestructura metropolitana, cuya gestión corresponde a la Administración autonómica.

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La Comunidad de Madrid continúa con la recuperación y transformación urbana de San Fernando de Henares mediante nuevas actuaciones destinadas a mejorar el espacio público, reforzar la movilidad y crear zonas para el uso y disfrute de los vecinos. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado las obras del parque que se construye en los terrenos del antiguo complejo dotacional El Pilar, una intervención que supera ya el 85% de ejecución.

El futuro espacio, que ocupará una superficie de más de 12.000 metros cuadrados, contará con áreas infantiles, zonas para la práctica de calistenia, espacios estanciales, itinerarios peatonales y un sistema de iluminación de alta eficiencia energética.

El proyecto contempla además la conservación del arbolado existente y la creación de cerca de 2.800 metros cuadrados de paseos, más de 800 de ellos bajo pérgolas. Asimismo, dispondrá de casi 700 metros cuadrados destinados a actividades recreativas y de dos espacios polivalentes preparados para albergar eventos culturales, sociales y de ocio.

Durante la ejecución de los trabajos han aparecido vestigios de la antigua Casa de la Administración y de la histórica fábrica de tejidos. Estos restos se integrarán en el diseño final mediante elementos divulgativos y paneles informativos que permitirán preservar y difundir el valor histórico e industrial de este enclave emblemático de San Fernando de Henares.

Renovación del entorno urbano y mejora de la movilidad

De forma paralela, la Dirección General de Infraestructuras está desarrollando una intervención de rehabilitación urbana en cinco calles próximas al parque. Los trabajos incluyen la reposición de pavimentos, la adecuación de servicios urbanos y la mejora de la accesibilidad, con el objetivo de favorecer desplazamientos más cómodos y seguros. La actuación abarca una superficie de 10.900 metros cuadrados y cuenta con una inversión superior a 3,5 millones de euros.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia que la Comunidad de Madrid desarrolla en San Fernando de Henares para recuperar los espacios afectados y reforzar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Con este fin, el Ejecutivo autonómico ha destinado ya más de 171 millones de euros a trabajos de consolidación y control del terreno, mejora del espacio público, renovación de infraestructuras y seguimiento técnico permanente.

La Línea 7B de Metro ha registrado más de 4,6 millones de viajeros desde la recuperación del servicio el pasado 22 de noviembre, una vez completada la rehabilitación integral de la infraestructura. El tramo actualmente en funcionamiento conecta las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares.

La Comunidad de Madrid mantiene además un seguimiento continuo de la situación mediante labores de auscultación y control del terreno, así como comprobaciones técnicas periódicas sobre la infraestructura ferroviaria y el servicio de Metro, con el objetivo de garantizar las máximas condiciones de seguridad y fiabilidad.

«Queremos casas», el grito de los afectados por la línea 7B de Metro

«Queremos casas», «¿Dónde están los servicios públicos?», esas han sido algunas de las reclamaciones de los afectados por la línea 7B de Metro que han protestado ante la visita para reclamar sus casas y para denunciar que no quieren parques públicos sino que se repongan los servicios dotacionales perdidos.

«Desde la Plataforma de Afectados nos hemos concentrado de urgencia en repulsa por este acto que consideramos propagandístico. Actualmente no se ha resuelto ninguno de los problemas esenciales generados por el gobierno de la CAM en nuestro municipio. Por ello, seguimos exigiendo medidas concretas, en el marco de un Plan Integral, que acabe con una pesadilla que dura ya 19 años», han asegurado en declaraciones a Diario de San Fernando de Henares.

«Actualmente las familias que sufrimos el derribo de nuestras casas estamos acudiendo a la justicia y tenemos procesos legales abiertos porque con la indemnización que se nos ofreció no podemos comprarnos otra vivienda. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado a la razón a varias familias afectadas por las bajas indemnizaciones. Esto revela una realidad muy grave: el gobierno de la CAM que sostenía que estaba pagando por el «máximo legal permitido» lleva mintiendo desde el año 2021. Pueden dotarse de herramientas para resolver el problema individual y global pero nunca han tenido voluntad política para hacerlo. No contentos con derribar nuestras casas y servicios públicos, nos obligan a ir a juicio para recuperar lo que teníamos», aseveran.

10 millones para un parque que nadie ha pedido, mientras los #AfectadosMetro sin casas y obligados a ir a juicio.

Los responsables del desastre de la L7b querían venir hoy a hacerse fotos ignorando a las vecinas y vecinos. No les ha salido bien. No vamos a parar. pic.twitter.com/mIvJlVDOdw

— Plataforma Afectad@s Metro Línea 7b (@paml7b) June 25, 2026

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El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha celebrado la resolución judicial favorable a los vecinos afectados por las obras y problemas derivados de la Línea 7B de Metro, asegurando que supone “un día de satisfacción” para la ciudad y un respaldo a años de movilización vecinal y reclamaciones institucionales.

En una declaración pública, el regidor mostró su “alegría” y trasladó su enhorabuena a los vecinos afectados, después de conocer que la justicia ha dado la razón a quienes llevan años denunciando las consecuencias estructurales provocadas por la infraestructura metropolitana a su paso por la ciudad.

Corpa señaló directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid por la falta de una “solución definitiva” al problema generado por la Línea 7B, una situación que ha provocado daños en viviendas, desalojos y el derribo de edificios públicos en distintas zonas de la localidad.

El alcalde quiso destacar especialmente el papel de la Asociación de Vecinos Afectados por Metro Presa Rafael Alberti, a la que atribuyó el impulso inicial de la vía judicial que ahora abre “una esperanza” para las familias que han perdido sus hogares. Asimismo, reconoció el trabajo de otras asociaciones y colectivos ciudadanos que, según afirmó, han contribuido a visibilizar un problema “invisibilizado durante mucho tiempo”.

Durante su intervención, Corpa recordó las movilizaciones celebradas en los últimos años, entre ellas una manifestación en la Puerta del Sol en la que cientos de vecinos se concentraron vestidos de naranja para reclamar “soluciones dignas” para el municipio.

El regidor insistió en que el Ayuntamiento continuará exigiendo responsabilidades y medidas concretas a la Comunidad de Madrid. En este sentido, advirtió de que todavía existen viviendas con patologías estructurales pendientes de intervención y reclamó también la reposición de los edificios públicos derribados a consecuencia de los problemas vinculados a la línea de Metro.

“Hoy es un día para la satisfacción y para la alegría, pero también para el compromiso”, afirmó el alcalde, quien reiteró que tanto él como su equipo de Gobierno mantendrán la presión institucional “hasta que se den soluciones dignas y definitivas” a todos los afectados.

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Representantes de la Asociación de Vecinos y Propietarios Afectados por el Metro Línea 7B (AVPAML7B) mantuvieron el pasado 16 de abril una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid con el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el jefe de Gabinete de Presidencia, Fernando Estarás, en la que se abordó la situación derivada del cierre de la Línea 7B de Metro y sus consecuencias sociales y sanitarias.

Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Delegación situadas en la calle Miguel Ángel, los representantes vecinales presentaron formalmente el informe psicosocial elaborado por el Centro SIRA bajo el título «Reconstruyendo Vidas». El documento analiza el impacto acumulado en la salud física y mental de los vecinos afectados tras casi dos décadas de problemas asociados a las obras y al funcionamiento de la infraestructura.

Según trasladó la asociación, la situación se ha prolongado durante aproximadamente 17 o 18 años, periodo en el que denuncian haber sufrido un proceso continuado de deterioro social, económico y emocional, así como una sensación persistente de abandono institucional.

Reconocimiento de la gravedad y de la insuficiencia de las respuestas

Fuentes presentes en la reunión señalaron que el delegado del Gobierno reconoció expresamente la gravedad de la situación y calificó lo ocurrido en el municipio de San Fernando de Henares como un ejemplo de gestión institucional fallida. Asimismo, admitió que las respuestas ofrecidas hasta el momento por las administraciones implicadas han resultado insuficientes para resolver el problema.

En este sentido, el representante del Gobierno central indicó que las gestiones realizadas con anterioridad ante distintos ministerios y ante la administración autonómica no han producido resultados efectivos, lo que ha contribuido a prolongar la incertidumbre entre los afectados.

Compromisos para reactivar la interlocución institucional

Durante la reunión, el delegado del Gobierno se comprometió a reactivar las reclamaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid y a insistir en la creación de un espacio estable de seguimiento y diálogo en el que participen las distintas administraciones y los representantes vecinales.

Entre los compromisos asumidos también figura trasladar la preocupación existente sobre la falta de garantías de no repetición de los daños y sobre la idoneidad de la solución técnica aplicada hasta ahora. Asimismo, se anunció la intención de mantener contactos con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares con el objetivo de impulsar iniciativas de visibilización y apoyo institucional.

La Delegación del Gobierno ofreció, además, poner a disposición de la asociación sus canales de colaboración para explorar posibles ayudas, contactos institucionales y proyectos de memoria y difusión relacionados con el caso.

Una crisis con impacto humano y social

Por su parte, la asociación subrayó que la situación generada por la Línea 7B trasciende el ámbito urbanístico o patrimonial y constituye una crisis con profundas consecuencias humanas y sociales. Según indicaron, el informe presentado documenta el deterioro de la salud física y mental de numerosos vecinos, así como procesos de desarraigo residencial, pérdida de estabilidad económica y disminución de la confianza en las instituciones públicas.

Los representantes vecinales también denunciaron haber tenido que asumir de forma individual los costes de asistencia jurídica, peritajes técnicos y apoyo psicológico ante la ausencia de una respuesta pública suficiente.

Durante el encuentro se alertó igualmente sobre la posibilidad de que los problemas estructurales puedan extenderse a zonas del municipio de Coslada y se trasladaron dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la solución técnica adoptada. En este contexto, se mencionó la existencia de informes profesionales que apuntan a la clausura de los túneles como alternativa potencialmente más sostenible.

Demandas planteadas por los afectados

Entre las principales reivindicaciones expuestas por la asociación se encuentran la creación de un espacio institucional permanente de seguimiento, la habilitación de un punto físico visible de atención a los afectados en San Fernando de Henares y un mayor esfuerzo de visibilización pública del problema.

Asimismo, los vecinos solicitaron el impulso de un proyecto de memoria colectiva que permita mantener el caso en el debate público y reclamaron apoyo institucional para acceder a ayudas y subvenciones destinadas a iniciativas de sensibilización y acompañamiento social.

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La Comunidad de Madrid ha registrado más de 3,3 millones de viajeros en los primeros meses de funcionamiento de la Línea 7B de Metro tras su reapertura. El servicio se restableció el pasado 22 de noviembre, una vez culminada su rehabilitación integral, en el tramo comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, la certificación final del contrato de las obras de impermeabilización y consolidación del terreno y reparaciones de la superestructura del drenaje del túnel por valor de 2,7 millones.

«Gracias a estas actuaciones, ejecutadas por la Dirección General de Infraestructuras, la línea cumple con los más altos estándares de seguridad y calidad exigidos por la red. Los trabajos han permitido estabilizar 20.600 metros cuadrados de suelo y rehabilitar estructuralmente 5.575 metros de trazado. Asimismo, se han realizado inyecciones en el túnel con un total de 1.279 toneladas de mortero, alcanzando profundidades de hasta 45 metros, un volumen equivalente al de cinco piscinas olímpicas», señalan.

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha destinado 171,2 millones de euros a la recuperación integral de la 7B, incluyendo labores de mantenimiento, conservación y supervisión geotécnica que, a día de hoy, continúan activas.

«Esta actuación subraya la importancia estratégica de la movilidad en el Corredor del Henares, un eje clave para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la región. En este contexto, el Gobierno regional ha asumido de manera responsable las actuaciones necesarias derivadas de esta situación, con la tramitación y abono de 86 expedientes por un importe total de 13 millones de euros, en respuesta a las afecciones producidas», explican desde la Comunidad de Madrid.

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El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha comparecido en el Centro de Participación Ciudadana y Empleo Marcelino Camacho, y se ha vuelto a mostrar contundente y reivindicativo en relación a los afectados por la Línea 7B de Metro.

En este sentido, el regidor se ha dirigido a la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, instando a la aludida “a ponerse junto a ellos, porque son ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, un mensaje que ha hecho también extensible a la máxima responsable del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

“Dentro de unos meses, seguramente, vendrá a inaugurar el parque que están construyendo pero que, lógicamente, no servirá para cubrir las necesidades básicas y tampoco vendrá a dar solución a esta grave situación que están viviendo los vecinos”, ha manifestado el primer edil.

Corpa ha realizado hoy estas declaraciones tras la celebración de la Comisión de Transportes de la FMM, que ha tenido lugar en la localidad, concretamente, en las citadas dependencias, junto al presidente de la misma, Juan Diego Ortiz. “

Quiero agradecerle que haya intentado, por todos los medios, que hoy se debatiera una propuesta de apoyo. Sin embargo, no  han querido abordar el principal problema que tiene, actualmente, el Ejecutivo regional encima de la mesa”.

En este sentido, recordar que existen familias que han recibido indemnizaciones pero, sin embargo, se han visto obligadas a recurrir ante la justicia al resultar insuficientes y, otras tantas, que siguen esperando el cobro.

A todo ello, se unen más de 600 viviendas censadas que cuentan con algún tipo de afección y cuyos propietarios continúan sin obtener respuesta de la Comunidad de Madrid, que es la única administración responsable y con competencias sobre esta infraestructura.

En la misma línea, el mandatario local ha insistido en que “primero son los vecinos” y ha remarcado que, además, “se han perdido edificios dotacionales que prestaban importantes servicios públicos, que han sido derruidos y que el Gobierno autonómico no se ha comprometido a construir”.

Asimismo, ha aseverado que esta era una “buena ocasión” para tratar este asunto y “tenemos que lamentar la actitud y posición del PP”, que se han negado a debatir. “Les he dado la bienvenida a San Fernando de Henares, y les he pedido que vengan a visitar las zonas e inmuebles afectados, a que conozcan esta realidad y vean, con sus propios ojos, la caótica situación que ha generado esta infraestructura”, ha finalizado.

Por último, Ortiz ha explicado que “recibimos una petición por parte del alcalde y se trasladó una propuesta, pero el PP se ha opuesto”. También ha resaltado que, sin embargo, sí salió adelante, por unanimidad, durante el pasado mandato, con Guillermo Hita en la presidencia, y ha tildado de “sorprendente” la negativa del vicepresidente de la Comisión de Transportes de la FMM que, además, es portavoz del PP en el municipio, Miguel Ángel García Capa, “quien ha tenido una oportunidad maravillosa para poder debatir sobre este problema” y ha dicho no.

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El Centro Sira, Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, ha presentado un nuevo informe psicosocial sobre el impacto de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, un estudio que analiza las consecuencias humanas y sociales de casi dos décadas de obras, desalojos y derribos vinculados a esta infraestructura.

El documento, elaborado a partir de entrevistas, revisión documental y una encuesta a 169 personas adultas afectadas, concluye que la crisis generada por la construcción y ampliación del metro ha provocado “daños acumulativos y estructurales” en múltiples ámbitos de la vida de los vecinos, desde la salud mental hasta la estabilidad económica y la cohesión del barrio.

Durante la presentación, Gabriela López Neira, psicóloga del Centro Sira, subrayó que gran parte del daño identificado tiene su origen en una “lucha impuesta” que los vecinos no eligieron asumir.

“Gran parte de lo que explica el daño identificado tiene que ver con esta lucha a la que las personas se han visto abocadas sin haberlo pretendido, con muchos años de indefensión y una respuesta institucional difícil de entender”, explicó.

Tres causas principales del daño

El estudio identifica tres factores estructurales que explican el impacto psicosocial detectado.

El primero es la alteración prolongada de la vida cotidiana provocada por la construcción de una infraestructura de gran envergadura en pleno entorno urbano. Según los datos recogidos, el 83% de las personas encuestadas afirma haber convivido durante años con ruido constante, mientras que el 73% ha vivido con grietas en sus viviendas. Además, entre el 40% y el 50% señala haber sufrido cortes recurrentes de suministros como agua, luz o gas.

El segundo factor es la prolongación de las obras y sus consecuencias directas en las viviendas y negocios. La investigación revela que casi el 46% de los encuestados ha perdido la posibilidad de mantener un negocio, mientras que el 27% ha tenido que permanecer fuera de su hogar entre uno y seis meses y otro 27% durante más de dos años. Asimismo, más del 61% de las personas ha vivido reformas en sus casas tras los desalojos, en muchos casos sin consentimiento o con resultados que los vecinos consideran insuficientes.

El informe también recoge que casi el 37% de los participantes afirma haber sufrido separaciones familiares como consecuencia de los desalojos o de la reubicación temporal.

El tercer factor señalado por el estudio es la percepción de una respuesta institucional insuficiente. Según la encuesta, el 96% de los afectados considera que las autoridades han generado más sufrimiento emocional, mientras que el 98% cree que la administración ha hecho poco o nada para asumir responsabilidades o minimizar el daño.

Consecuencias económicas, sociales y psicológicas

El informe evalúa los impactos en diferentes ámbitos de la vida. En el plano socioeconómico, el 64% de los participantes afirma haber sufrido consecuencias laborales, el 66% económicas y el 86% considera que su vivienda ha perdido valor.

En la vida cotidiana, el 90% de las personas afirma que su rutina diaria se ha visto alterada, y cerca del 60% asegura que tiene dificultades para concentrarse en su propia casa, mientras que el 45% señala que ni siquiera puede ver la televisión o escuchar la radio con normalidad.

También se detecta un deterioro significativo en las relaciones sociales: el 62% menciona conflictos o deterioro en las relaciones familiares, el 46% habla de aislamiento o soledad y el 82% considera que la crisis ha afectado a la vida comunitaria del barrio.

En materia de salud mental, los resultados reflejan un aumento notable de la demanda de atención psicológica. Antes de la crisis, un 20% de los encuestados acudía a terapia, cifra que ha aumentado hasta alrededor del 40% tras el inicio del problema. Además, el 36% ha recurrido a medicación para la ansiedad o los nervios.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran problemas de sueño (79%), tensión muscular intensa (69%) y episodios de crisis de ansiedad o angustia (35%).

Impacto en el proyecto de vida

El estudio también analiza lo que denomina impactos “ontológicos” o vitales, relacionados con la percepción del futuro y el control sobre la propia vida.

Según los resultados, el 76% de los afectados considera que su carácter ha cambiado, mientras que casi el 95% siente que no puede hacer nada para modificar la situación. Asimismo, casi el 90% afirma que el conflicto ha alterado su proyecto de vida.

En palabras de López Neira, estos datos reflejan “un deterioro sostenido de la vida diaria y una vulnerabilidad estructural” provocada por la prolongación del conflicto.

Recomendaciones

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas. Entre ellas, el reconocimiento institucional del daño causado, medidas de reparación adaptadas a cada caso, la restitución del derecho a la vivienda en condiciones seguras y la puesta en marcha de una atención integral en salud física y mental para las personas afectadas.

También plantea fortalecer la participación vecinal en la toma de decisiones, recuperar la vida comunitaria del barrio y establecer mecanismos independientes de seguimiento que garanticen que una situación similar no vuelva a repetirse.

Según el Centro Sira, sin una respuesta institucional que reconozca y repare el daño, los efectos de la crisis podrían prolongarse durante años en la vida de las personas afectadas.

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