El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha celebrado la resolución judicial favorable a los vecinos afectados por las obras y problemas derivados de la Línea 7B de Metro, asegurando que supone “un día de satisfacción” para la ciudad y un respaldo a años de movilización vecinal y reclamaciones institucionales.

En una declaración pública, el regidor mostró su “alegría” y trasladó su enhorabuena a los vecinos afectados, después de conocer que la justicia ha dado la razón a quienes llevan años denunciando las consecuencias estructurales provocadas por la infraestructura metropolitana a su paso por la ciudad.

Corpa señaló directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid por la falta de una “solución definitiva” al problema generado por la Línea 7B, una situación que ha provocado daños en viviendas, desalojos y el derribo de edificios públicos en distintas zonas de la localidad.

El alcalde quiso destacar especialmente el papel de la Asociación de Vecinos Afectados por Metro Presa Rafael Alberti, a la que atribuyó el impulso inicial de la vía judicial que ahora abre “una esperanza” para las familias que han perdido sus hogares. Asimismo, reconoció el trabajo de otras asociaciones y colectivos ciudadanos que, según afirmó, han contribuido a visibilizar un problema “invisibilizado durante mucho tiempo”.

Durante su intervención, Corpa recordó las movilizaciones celebradas en los últimos años, entre ellas una manifestación en la Puerta del Sol en la que cientos de vecinos se concentraron vestidos de naranja para reclamar “soluciones dignas” para el municipio.

El regidor insistió en que el Ayuntamiento continuará exigiendo responsabilidades y medidas concretas a la Comunidad de Madrid. En este sentido, advirtió de que todavía existen viviendas con patologías estructurales pendientes de intervención y reclamó también la reposición de los edificios públicos derribados a consecuencia de los problemas vinculados a la línea de Metro.

“Hoy es un día para la satisfacción y para la alegría, pero también para el compromiso”, afirmó el alcalde, quien reiteró que tanto él como su equipo de Gobierno mantendrán la presión institucional “hasta que se den soluciones dignas y definitivas” a todos los afectados.

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Representantes de la Asociación de Vecinos y Propietarios Afectados por el Metro Línea 7B (AVPAML7B) mantuvieron el pasado 16 de abril una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid con el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el jefe de Gabinete de Presidencia, Fernando Estarás, en la que se abordó la situación derivada del cierre de la Línea 7B de Metro y sus consecuencias sociales y sanitarias.

Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Delegación situadas en la calle Miguel Ángel, los representantes vecinales presentaron formalmente el informe psicosocial elaborado por el Centro SIRA bajo el título «Reconstruyendo Vidas». El documento analiza el impacto acumulado en la salud física y mental de los vecinos afectados tras casi dos décadas de problemas asociados a las obras y al funcionamiento de la infraestructura.

Según trasladó la asociación, la situación se ha prolongado durante aproximadamente 17 o 18 años, periodo en el que denuncian haber sufrido un proceso continuado de deterioro social, económico y emocional, así como una sensación persistente de abandono institucional.

Reconocimiento de la gravedad y de la insuficiencia de las respuestas

Fuentes presentes en la reunión señalaron que el delegado del Gobierno reconoció expresamente la gravedad de la situación y calificó lo ocurrido en el municipio de San Fernando de Henares como un ejemplo de gestión institucional fallida. Asimismo, admitió que las respuestas ofrecidas hasta el momento por las administraciones implicadas han resultado insuficientes para resolver el problema.

En este sentido, el representante del Gobierno central indicó que las gestiones realizadas con anterioridad ante distintos ministerios y ante la administración autonómica no han producido resultados efectivos, lo que ha contribuido a prolongar la incertidumbre entre los afectados.

Compromisos para reactivar la interlocución institucional

Durante la reunión, el delegado del Gobierno se comprometió a reactivar las reclamaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid y a insistir en la creación de un espacio estable de seguimiento y diálogo en el que participen las distintas administraciones y los representantes vecinales.

Entre los compromisos asumidos también figura trasladar la preocupación existente sobre la falta de garantías de no repetición de los daños y sobre la idoneidad de la solución técnica aplicada hasta ahora. Asimismo, se anunció la intención de mantener contactos con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares con el objetivo de impulsar iniciativas de visibilización y apoyo institucional.

La Delegación del Gobierno ofreció, además, poner a disposición de la asociación sus canales de colaboración para explorar posibles ayudas, contactos institucionales y proyectos de memoria y difusión relacionados con el caso.

Una crisis con impacto humano y social

Por su parte, la asociación subrayó que la situación generada por la Línea 7B trasciende el ámbito urbanístico o patrimonial y constituye una crisis con profundas consecuencias humanas y sociales. Según indicaron, el informe presentado documenta el deterioro de la salud física y mental de numerosos vecinos, así como procesos de desarraigo residencial, pérdida de estabilidad económica y disminución de la confianza en las instituciones públicas.

Los representantes vecinales también denunciaron haber tenido que asumir de forma individual los costes de asistencia jurídica, peritajes técnicos y apoyo psicológico ante la ausencia de una respuesta pública suficiente.

Durante el encuentro se alertó igualmente sobre la posibilidad de que los problemas estructurales puedan extenderse a zonas del municipio de Coslada y se trasladaron dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la solución técnica adoptada. En este contexto, se mencionó la existencia de informes profesionales que apuntan a la clausura de los túneles como alternativa potencialmente más sostenible.

Demandas planteadas por los afectados

Entre las principales reivindicaciones expuestas por la asociación se encuentran la creación de un espacio institucional permanente de seguimiento, la habilitación de un punto físico visible de atención a los afectados en San Fernando de Henares y un mayor esfuerzo de visibilización pública del problema.

Asimismo, los vecinos solicitaron el impulso de un proyecto de memoria colectiva que permita mantener el caso en el debate público y reclamaron apoyo institucional para acceder a ayudas y subvenciones destinadas a iniciativas de sensibilización y acompañamiento social.

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La Comunidad de Madrid ha registrado más de 3,3 millones de viajeros en los primeros meses de funcionamiento de la Línea 7B de Metro tras su reapertura. El servicio se restableció el pasado 22 de noviembre, una vez culminada su rehabilitación integral, en el tramo comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, la certificación final del contrato de las obras de impermeabilización y consolidación del terreno y reparaciones de la superestructura del drenaje del túnel por valor de 2,7 millones.

«Gracias a estas actuaciones, ejecutadas por la Dirección General de Infraestructuras, la línea cumple con los más altos estándares de seguridad y calidad exigidos por la red. Los trabajos han permitido estabilizar 20.600 metros cuadrados de suelo y rehabilitar estructuralmente 5.575 metros de trazado. Asimismo, se han realizado inyecciones en el túnel con un total de 1.279 toneladas de mortero, alcanzando profundidades de hasta 45 metros, un volumen equivalente al de cinco piscinas olímpicas», señalan.

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha destinado 171,2 millones de euros a la recuperación integral de la 7B, incluyendo labores de mantenimiento, conservación y supervisión geotécnica que, a día de hoy, continúan activas.

«Esta actuación subraya la importancia estratégica de la movilidad en el Corredor del Henares, un eje clave para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la región. En este contexto, el Gobierno regional ha asumido de manera responsable las actuaciones necesarias derivadas de esta situación, con la tramitación y abono de 86 expedientes por un importe total de 13 millones de euros, en respuesta a las afecciones producidas», explican desde la Comunidad de Madrid.

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El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha comparecido en el Centro de Participación Ciudadana y Empleo Marcelino Camacho, y se ha vuelto a mostrar contundente y reivindicativo en relación a los afectados por la Línea 7B de Metro.

En este sentido, el regidor se ha dirigido a la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, instando a la aludida “a ponerse junto a ellos, porque son ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, un mensaje que ha hecho también extensible a la máxima responsable del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

“Dentro de unos meses, seguramente, vendrá a inaugurar el parque que están construyendo pero que, lógicamente, no servirá para cubrir las necesidades básicas y tampoco vendrá a dar solución a esta grave situación que están viviendo los vecinos”, ha manifestado el primer edil.

Corpa ha realizado hoy estas declaraciones tras la celebración de la Comisión de Transportes de la FMM, que ha tenido lugar en la localidad, concretamente, en las citadas dependencias, junto al presidente de la misma, Juan Diego Ortiz. “

Quiero agradecerle que haya intentado, por todos los medios, que hoy se debatiera una propuesta de apoyo. Sin embargo, no  han querido abordar el principal problema que tiene, actualmente, el Ejecutivo regional encima de la mesa”.

En este sentido, recordar que existen familias que han recibido indemnizaciones pero, sin embargo, se han visto obligadas a recurrir ante la justicia al resultar insuficientes y, otras tantas, que siguen esperando el cobro.

A todo ello, se unen más de 600 viviendas censadas que cuentan con algún tipo de afección y cuyos propietarios continúan sin obtener respuesta de la Comunidad de Madrid, que es la única administración responsable y con competencias sobre esta infraestructura.

En la misma línea, el mandatario local ha insistido en que “primero son los vecinos” y ha remarcado que, además, “se han perdido edificios dotacionales que prestaban importantes servicios públicos, que han sido derruidos y que el Gobierno autonómico no se ha comprometido a construir”.

Asimismo, ha aseverado que esta era una “buena ocasión” para tratar este asunto y “tenemos que lamentar la actitud y posición del PP”, que se han negado a debatir. “Les he dado la bienvenida a San Fernando de Henares, y les he pedido que vengan a visitar las zonas e inmuebles afectados, a que conozcan esta realidad y vean, con sus propios ojos, la caótica situación que ha generado esta infraestructura”, ha finalizado.

Por último, Ortiz ha explicado que “recibimos una petición por parte del alcalde y se trasladó una propuesta, pero el PP se ha opuesto”. También ha resaltado que, sin embargo, sí salió adelante, por unanimidad, durante el pasado mandato, con Guillermo Hita en la presidencia, y ha tildado de “sorprendente” la negativa del vicepresidente de la Comisión de Transportes de la FMM que, además, es portavoz del PP en el municipio, Miguel Ángel García Capa, “quien ha tenido una oportunidad maravillosa para poder debatir sobre este problema” y ha dicho no.

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El Centro Sira, Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, ha presentado un nuevo informe psicosocial sobre el impacto de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, un estudio que analiza las consecuencias humanas y sociales de casi dos décadas de obras, desalojos y derribos vinculados a esta infraestructura.

El documento, elaborado a partir de entrevistas, revisión documental y una encuesta a 169 personas adultas afectadas, concluye que la crisis generada por la construcción y ampliación del metro ha provocado “daños acumulativos y estructurales” en múltiples ámbitos de la vida de los vecinos, desde la salud mental hasta la estabilidad económica y la cohesión del barrio.

Durante la presentación, Gabriela López Neira, psicóloga del Centro Sira, subrayó que gran parte del daño identificado tiene su origen en una “lucha impuesta” que los vecinos no eligieron asumir.

“Gran parte de lo que explica el daño identificado tiene que ver con esta lucha a la que las personas se han visto abocadas sin haberlo pretendido, con muchos años de indefensión y una respuesta institucional difícil de entender”, explicó.

Tres causas principales del daño

El estudio identifica tres factores estructurales que explican el impacto psicosocial detectado.

El primero es la alteración prolongada de la vida cotidiana provocada por la construcción de una infraestructura de gran envergadura en pleno entorno urbano. Según los datos recogidos, el 83% de las personas encuestadas afirma haber convivido durante años con ruido constante, mientras que el 73% ha vivido con grietas en sus viviendas. Además, entre el 40% y el 50% señala haber sufrido cortes recurrentes de suministros como agua, luz o gas.

El segundo factor es la prolongación de las obras y sus consecuencias directas en las viviendas y negocios. La investigación revela que casi el 46% de los encuestados ha perdido la posibilidad de mantener un negocio, mientras que el 27% ha tenido que permanecer fuera de su hogar entre uno y seis meses y otro 27% durante más de dos años. Asimismo, más del 61% de las personas ha vivido reformas en sus casas tras los desalojos, en muchos casos sin consentimiento o con resultados que los vecinos consideran insuficientes.

El informe también recoge que casi el 37% de los participantes afirma haber sufrido separaciones familiares como consecuencia de los desalojos o de la reubicación temporal.

El tercer factor señalado por el estudio es la percepción de una respuesta institucional insuficiente. Según la encuesta, el 96% de los afectados considera que las autoridades han generado más sufrimiento emocional, mientras que el 98% cree que la administración ha hecho poco o nada para asumir responsabilidades o minimizar el daño.

Consecuencias económicas, sociales y psicológicas

El informe evalúa los impactos en diferentes ámbitos de la vida. En el plano socioeconómico, el 64% de los participantes afirma haber sufrido consecuencias laborales, el 66% económicas y el 86% considera que su vivienda ha perdido valor.

En la vida cotidiana, el 90% de las personas afirma que su rutina diaria se ha visto alterada, y cerca del 60% asegura que tiene dificultades para concentrarse en su propia casa, mientras que el 45% señala que ni siquiera puede ver la televisión o escuchar la radio con normalidad.

También se detecta un deterioro significativo en las relaciones sociales: el 62% menciona conflictos o deterioro en las relaciones familiares, el 46% habla de aislamiento o soledad y el 82% considera que la crisis ha afectado a la vida comunitaria del barrio.

En materia de salud mental, los resultados reflejan un aumento notable de la demanda de atención psicológica. Antes de la crisis, un 20% de los encuestados acudía a terapia, cifra que ha aumentado hasta alrededor del 40% tras el inicio del problema. Además, el 36% ha recurrido a medicación para la ansiedad o los nervios.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran problemas de sueño (79%), tensión muscular intensa (69%) y episodios de crisis de ansiedad o angustia (35%).

Impacto en el proyecto de vida

El estudio también analiza lo que denomina impactos “ontológicos” o vitales, relacionados con la percepción del futuro y el control sobre la propia vida.

Según los resultados, el 76% de los afectados considera que su carácter ha cambiado, mientras que casi el 95% siente que no puede hacer nada para modificar la situación. Asimismo, casi el 90% afirma que el conflicto ha alterado su proyecto de vida.

En palabras de López Neira, estos datos reflejan “un deterioro sostenido de la vida diaria y una vulnerabilidad estructural” provocada por la prolongación del conflicto.

Recomendaciones

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas. Entre ellas, el reconocimiento institucional del daño causado, medidas de reparación adaptadas a cada caso, la restitución del derecho a la vivienda en condiciones seguras y la puesta en marcha de una atención integral en salud física y mental para las personas afectadas.

También plantea fortalecer la participación vecinal en la toma de decisiones, recuperar la vida comunitaria del barrio y establecer mecanismos independientes de seguimiento que garanticen que una situación similar no vuelva a repetirse.

Según el Centro Sira, sin una respuesta institucional que reconozca y repare el daño, los efectos de la crisis podrían prolongarse durante años en la vida de las personas afectadas.

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La presentación del nuevo informe psicosocial elaborado por el Centro Sira sobre el impacto de la crisis de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares ha servido también para que los vecinos afectados relaten públicamente las consecuencias humanas de casi dos décadas de obras, desalojos y derribos vinculados a esta infraestructura.

Durante el acto, Isabel Bello, una de las vecinas afectadas, explicó que el informe supone un paso importante para visibilizar una situación que, según denuncian, sigue afectando a cientos de familias.

“Para nosotros es muy importante haber hecho este informe. Hasta que no escuchas lo que le está pasando a otros vecinos no te das cuenta de que lo que te ocurre -la tristeza, la ansiedad, las bajas laborales- es algo que también están viviendo muchas otras personas”, señaló.

Según indicó, la investigación ha permitido poner datos a un problema que, según los vecinos, continúa en la actualidad. “No es algo que haya pasado y ya esté en el pasado. Está pasando hoy. Hoy hay cientos de personas en San Fernando de Henares y también en Coslada que están sufriendo todo esto”, afirmó.

Los afectados aseguran que la crisis generada por la infraestructura ha provocado desalojos, daños en viviendas, pérdidas económicas y problemas de salud mental, además de alterar profundamente la vida cotidiana de los barrios.

“Acababa de pagar mi hipoteca y me echaron de casa”

Bello relató su propia experiencia para ilustrar la situación que viven muchas familias. Según explicó, las primeras grietas en su vivienda aparecieron en 2009. Nueve años después fue desalojada para realizar reparaciones y permaneció fuera de su casa durante un año.

Tras regresar, los problemas reaparecieron. En 2022 tuvo que abandonar nuevamente la vivienda, esta vez con apenas quince días para encontrar un alquiler.

“Acababa de pagar el último recibo de mi hipoteca y me habían echado de mi casa”, recordó.

Cuatro años después de aquel desalojo, asegura que la situación sigue sin resolverse. “Hoy, en 2026, sigo exactamente igual, sin mi vivienda y en medio de procedimientos administrativos y judiciales que pueden prolongarse años”, explicó.

Según los vecinos, este tipo de situaciones se repite en numerosos casos. La asociación de afectados estima que alrededor de 600 familias continúan afectadas, algunas de ellas todavía sin reconocimiento oficial por parte de la administración.

Críticas a la respuesta institucional

Los afectados también denunciaron la falta de información y de soluciones definitivas por parte de las instituciones. Bello afirmó que, además de los daños materiales, los vecinos han tenido que convivir durante años con incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo.

“Sabíamos que estaban pasando cosas graves, pero no teníamos información. Y vivir sin información genera todavía más angustia”, señaló.

La vecina aseguró que la situación ha provocado un profundo desgaste emocional y social en el municipio. “Nos han robado nuestros hogares, han afectado a nuestras familias y a nuestra salud. Muchas personas han perdido su empleo o han tenido que irse del barrio”, afirmó.

Por ello, reclamó explicaciones sobre el estado actual del subsuelo y sobre las medidas adoptadas para evitar que el problema continúe en el futuro.

“Lo que necesitamos es tranquilidad. Queremos saber qué está pasando bajo el suelo de San Fernando de Henares y de Coslada y si realmente el problema está resuelto”, añadió.

Posibles acciones legales

En la presentación también intervino Javier Rubio, jurista del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), entidad que acompaña jurídicamente a la asociación de afectados desde hace dos años.

Rubio señaló que el origen del problema estaría en unas obras realizadas con negligencia que desestabilizaron el subsuelo del municipio, una responsabilidad que, según explicó, fue reconocida posteriormente en procesos judiciales.

A su juicio, el conflicto no puede tratarse únicamente como un conjunto de expedientes administrativos de responsabilidad patrimonial.

“No se trata solo de una obra mal hecha. Estamos hablando de un problema que ha afectado al derecho a la vivienda, a la integridad física y moral y a la vida familiar de cientos de personas”, afirmó.

El jurista criticó además que las indemnizaciones ofrecidas por la administración no tengan en cuenta el impacto acumulado durante años. Según explicó, en algunos casos el daño moral se calcula sin considerar el tiempo que las familias llevan afectadas.

“Hay personas que llevan diez o quince años sufriendo esta situación y ese elemento ni siquiera aparece en los informes”, señaló.

Rubio también advirtió de la necesidad de analizar con detalle la supuesta solución técnica al problema. Frente a la posición de la administración, recordó que informes independientes, como uno elaborado por el Colegio de Geólogos, apuntan a que el fenómeno geológico que afecta al subsuelo podría ser complejo y de difícil resolución.

Ante esta situación, los afectados no descartan impulsar una investigación ciudadana independiente y estudiar nuevas acciones legales.

Un informe para visibilizar el problema

Los vecinos consideran que el informe del Centro Sira constituye un paso clave para documentar el impacto humano de la crisis. Según señalaron durante la presentación, el objetivo es que las administraciones reconozcan el daño sufrido y adopten medidas que permitan reparar la situación.

“Este informe pone sobre la mesa la realidad de lo que estamos viviendo”, afirmó Bello. “Lo hemos hecho porque necesitamos ayuda y porque esto no puede seguir así”.

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La crisis provocada por la construcción de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares podría implicar vulneraciones de derechos fundamentales, según advirtió el jurista Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), durante la presentación del informe psicosocial elaborado por el Centro Sira sobre el impacto de este problema en los vecinos del municipio.

Rubio explicó que el equipo jurídico de CAES lleva aproximadamente dos años acompañando a la asociación de afectados para analizar la dimensión legal del conflicto y las soluciones planteadas por la Comunidad de Madrid, que consideran insuficientes.

“Lo primero que nos llama la atención es la gravedad de la situación, algo desconocido en este país”, afirmó.

Según el jurista, el origen del problema se encuentra en unas obras ejecutadas con “negligencia e imprudencia”, que habrían desestabilizado el subsuelo del centro del municipio. De acuerdo con su explicación, esa responsabilidad ya habría sido reconocida en procesos judiciales en los que las empresas constructoras implicadas terminaron señalando a la Comunidad de Madrid como principal responsable de los daños.

Un problema que se ha prolongado durante años

Rubio sostuvo que el problema no se limitó al momento de la construcción, sino que se ha agravado con el paso del tiempo debido a la falta de soluciones eficaces.

“Todos los parches técnicos que se han ido aplicando han sido insuficientes y el problema se ha seguido extendiendo”, señaló.

Según indicó, mientras los daños en viviendas y edificios se multiplicaban, la ciudadanía ha recibido “muy poca información” sobre lo que estaba ocurriendo en el subsuelo del municipio.

El jurista afirmó que esta situación ha generado una profunda desconfianza entre los afectados hacia las instituciones, especialmente hacia la administración autonómica.

Críticas al tratamiento administrativo del conflicto

Uno de los aspectos más criticados por Rubio es la forma en la que la administración está gestionando el problema a través de expedientes de responsabilidad patrimonial.

A su juicio, este procedimiento reduce un problema complejo —con implicaciones sociales, psicológicas y familiares— a simples trámites burocráticos.

“Se está tratando a las personas afectadas como un expediente administrativo al que hay que pagarle lo menos posible”, aseguró.

Según explicó, las indemnizaciones ofrecidas en algunos casos —de varios miles de euros— resultan insuficientes para cubrir los daños materiales y mucho menos para compensar el impacto acumulado durante años.

El jurista también cuestionó los criterios utilizados para calcular el daño moral. Según señaló, en algunos informes no se tiene en cuenta el tiempo durante el que las familias han estado afectadas, un factor que considera fundamental.

“Hay personas que llevan diez o quince años sufriendo esta situación y ese elemento ni siquiera aparece en los cálculos”, afirmó.

Derechos fundamentales afectados

Desde el punto de vista jurídico, Rubio sostuvo que la crisis podría afectar a varios derechos reconocidos en la Constitución.

Entre ellos mencionó el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la integridad física y moral y el derecho a la vivienda, además de otras garantías relacionadas con la protección de la familia y de las personas vulnerables.

“Estamos hablando de un problema que ha impactado directamente en la vida familiar, en la salud física y emocional de las personas y en su derecho a vivir con seguridad en su propio hogar”, señaló.

Dudas sobre la solución técnica

Rubio también mostró reservas sobre la solución planteada por la administración, que sostiene que el problema del subsuelo está estabilizado.

El jurista recordó que informes independientes, como uno elaborado por el Colegio de Geólogos de Madrid, apuntan a que el fenómeno geológico que afecta a la zona podría ser complejo y de difícil resolución, incluso con la posibilidad de clausurar los túneles del metro.

“Son planteamientos completamente distintos a los que está defendiendo la Comunidad de Madrid”, afirmó.

Posible investigación ciudadana

Ante estas discrepancias y la desconfianza acumulada, Rubio planteó la posibilidad de impulsar una investigación ciudadana independiente para analizar el origen y la situación actual del problema.

Según explicó, el objetivo sería contrastar los informes técnicos existentes y determinar si la solución adoptada por la administración es realmente definitiva.

“Después de veinte años soportando esta situación, es prudente mirar con lupa tanto los expedientes de responsabilidad patrimonial como el problema estructural de fondo”, concluyó.

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La Plataforma de afectados por la Línea 7B de Metro ha convocado a los medios de comunicación a la presentación pública de un nuevo informe psicosocial sobre el impacto en la salud mental de los vecinos y vecinas afectados por el hundimiento de la infraestructura. El acto tendrá lugar el martes 10 de marzo a las 11:00 horas en el Centro Cultural Gabriel Celaya, situado en la plaza Fernando VI de San Fernando de Henares.

El informe ha sido elaborado por el Centro Sira (Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura) y analiza las consecuencias sociales, psicológicas y comunitarias derivadas de la crisis provocada por la construcción y posterior deterioro de la Línea 7B de Metro. La presentación está organizada por la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por Metro Línea 7B, con la colaboración del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y la participación de Psicología Sin Fronteras.

Una catástrofe urbana con cientos de familias afectadas

La situación generada por la infraestructura del suburbano ha provocado, según los datos aportados por la plataforma vecinal, el derribo de 73 viviendas y 6 comercios, además de la afectación directa a unas 600 familias y 21 calles del municipio.

Durante casi dos décadas, los residentes han convivido con grietas en edificios, obras permanentes, desalojos y demoliciones. A partir de 2019 y hasta 2024, la situación se agravó con el colapso progresivo de viviendas y realojos forzosos de numerosas familias en apartahoteles alejados de su entorno habitual. Muchos vecinos permanecieron durante meses o años en alojamientos temporales mientras se sucedían los derribos y las intervenciones en el subsuelo.

La crisis también ha afectado a equipamientos públicos emblemáticos de la ciudad, como el edificio municipal El Pilar, que albergaba servicios como guardería, la Escuela Oficial de Idiomas, la Casa de la Mujer, espacios juveniles y la escuela de adultos, todos ellos finalmente demolidos.

Casi dos décadas de advertencias

El origen del problema se remonta a la ampliación de la Línea 7B, inaugurada en 2007. Apenas un año después comenzaron a aparecer informes técnicos que advertían del riesgo de colapso del túnel y del terreno circundante. Entre 2009 y 2010 se detectaron las primeras grietas en viviendas y comercios, y en 2011 se iniciaron trabajos de inyección de mortero y pilotaje de calles para estabilizar el subsuelo.

Un informe técnico de la Comunidad de Madrid de 2016 reconocía que “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros problemas”, lo que permitió que la degradación del terreno evolucionara hacia un punto difícilmente reversible.

En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia firme que señalaba a la Comunidad de Madrid como única administración responsable de la situación.

Impacto psicológico y social

El informe elaborado por el Centro Sira concluye que los daños sufridos por la población afectada son “acumulativos y estructurales”, y que la catástrofe ha vulnerado esferas fundamentales de la vida humana, generando situaciones de estrés prolongado, incertidumbre y deterioro del tejido comunitario.

Según el estudio, las consecuencias evidencian una vulnerabilidad estructural en la población afectada, agravada por años de obras, derribos continuos, desinformación institucional y pérdida de los proyectos de vida de muchos vecinos.

Recomendaciones para una reparación integral

Entre las principales recomendaciones, el informe plantea la necesidad de aplicar medidas para la restitución digna de los proyectos de vida de los afectados, incluyendo:

• Atención integral en salud, especialmente en el ámbito psicológico.
• Medidas de protección y estabilización social para las familias desplazadas.
• Creación de mecanismos permanentes de información, atención y acompañamiento para la población afectada.

La presentación del informe pretende visibilizar el impacto humano de una crisis que, según denuncian los vecinos, se prolonga desde hace 18 años y continúa afectando profundamente a la vida cotidiana del municipio.

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La Plataforma de Afectados por la Plataforma de Afectados por Metro 7B ha denunciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado de abonar, desde este mes de febrero, el sustento destinado al pago del alquiler de trece familias desalojadas el 11 de abril de 2022 por las afecciones derivadas de Metro de Madrid. Según el colectivo, tras tres años y ocho meses fuera de sus hogares, estas familias aún no han recibido ninguna indemnización por parte de la administración autonómica.

La plataforma asegura que la decisión “deja en la estacada” a trece núcleos familiares que perdieron sus viviendas, posteriormente demolidas, y que ahora deberán asumir alquileres “prohibitivos” en el actual contexto del mercado inmobiliario madrileño. Además, denuncian que algunas familias continúan pagando hipotecas de inmuebles que ya no existen, así como impuestos y otros gastos asociados a los solares resultantes, que siguen siendo de su propiedad.

El colectivo advierte de que la retirada de estas ayudas obligará a las familias a mantenerse en sus actuales viviendas de alquiler o a buscar alternativas por sus propios medios, lo que, a su juicio, agrava la situación de un grupo “castigado por la desidia e irresponsabilidad” del Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Desde la plataforma exigen que se mantenga el pago de los alquileres hasta que todas las personas afectadas hayan recibido la correspondiente indemnización y se cierren de manera definitiva los Expedientes de Responsabilidad Patrimonial. Asimismo, reclaman que el Gobierno autonómico utilice las herramientas administrativas y legales a su alcance para situar en el centro a las familias afectadas y garantizar su derecho a una vivienda digna.

Ante esta situación, la Plataforma de Afectados por Metro 7B ha anunciado el inicio de nuevas movilizaciones y ha hecho un llamamiento a colectivos sociales y ciudadanía para sumarse a sus reivindicaciones “por la dignidad, la justicia y la reparación de todos los afectados”.

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El Café Teatro del Centro Cultural Margarita Nelken será escenario el viernes 20 de febrero, a las 18:00 horas, de la inauguración de la exposición fotográfica “Vidas en Construcción”, un proyecto del estudio Live My Photo que cuenta con la colaboración de la Asociación de Afectados por la Línea 7B de Metro y el Ayuntamiento de Coslada. Tras la presentación, la exposición estará ubicada en sala de la Biblioteca Luisa Carnés.

La muestra pone el foco en las consecuencias humanas y sociales derivadas de la problemática de la Línea 7B.

“Vidas en Construcción” reúne una serie de imágenes que documentan la realidad de las personas afectadas, ofreciendo un recorrido visual por sus experiencias, sus hogares y el impacto que la situación ha tenido en sus vidas. A través de la fotografía, el proyecto busca preservar la memoria colectiva de lo ocurrido y dar visibilidad a quienes continúan reclamando soluciones y justicia.

Desde la organización subrayan que la exposición llega “en un momento muy necesario”, cuando -según señalan- existe la percepción de que la problemática comienza a diluirse en la agenda pública. Con esta iniciativa, se pretende recordar que la situación está lejos de resolverse plenamente y que aún quedan numerosas demandas pendientes por parte de las personas afectadas.

Además de la muestra fotográfica, quienes deseen profundizar en esta realidad podrán acceder al último documental de testimonios de vecinas y vecinos afectados, disponible a través de un enlace facilitado por la organización. Este trabajo audiovisual recoge relatos en primera persona que complementan el contenido visual de la exposición.

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