La crisis provocada por la construcción de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares podría implicar vulneraciones de derechos fundamentales, según advirtió el jurista Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), durante la presentación del informe psicosocial elaborado por el Centro Sira sobre el impacto de este problema en los vecinos del municipio.
Rubio explicó que el equipo jurídico de CAES lleva aproximadamente dos años acompañando a la asociación de afectados para analizar la dimensión legal del conflicto y las soluciones planteadas por la Comunidad de Madrid, que consideran insuficientes.
“Lo primero que nos llama la atención es la gravedad de la situación, algo desconocido en este país”, afirmó.
Según el jurista, el origen del problema se encuentra en unas obras ejecutadas con “negligencia e imprudencia”, que habrían desestabilizado el subsuelo del centro del municipio. De acuerdo con su explicación, esa responsabilidad ya habría sido reconocida en procesos judiciales en los que las empresas constructoras implicadas terminaron señalando a la Comunidad de Madrid como principal responsable de los daños.
Un problema que se ha prolongado durante años
Rubio sostuvo que el problema no se limitó al momento de la construcción, sino que se ha agravado con el paso del tiempo debido a la falta de soluciones eficaces.
“Todos los parches técnicos que se han ido aplicando han sido insuficientes y el problema se ha seguido extendiendo”, señaló.
Según indicó, mientras los daños en viviendas y edificios se multiplicaban, la ciudadanía ha recibido “muy poca información” sobre lo que estaba ocurriendo en el subsuelo del municipio.
El jurista afirmó que esta situación ha generado una profunda desconfianza entre los afectados hacia las instituciones, especialmente hacia la administración autonómica.
Críticas al tratamiento administrativo del conflicto
Uno de los aspectos más criticados por Rubio es la forma en la que la administración está gestionando el problema a través de expedientes de responsabilidad patrimonial.
A su juicio, este procedimiento reduce un problema complejo —con implicaciones sociales, psicológicas y familiares— a simples trámites burocráticos.
“Se está tratando a las personas afectadas como un expediente administrativo al que hay que pagarle lo menos posible”, aseguró.
Según explicó, las indemnizaciones ofrecidas en algunos casos —de varios miles de euros— resultan insuficientes para cubrir los daños materiales y mucho menos para compensar el impacto acumulado durante años.
El jurista también cuestionó los criterios utilizados para calcular el daño moral. Según señaló, en algunos informes no se tiene en cuenta el tiempo durante el que las familias han estado afectadas, un factor que considera fundamental.
“Hay personas que llevan diez o quince años sufriendo esta situación y ese elemento ni siquiera aparece en los cálculos”, afirmó.
Derechos fundamentales afectados
Desde el punto de vista jurídico, Rubio sostuvo que la crisis podría afectar a varios derechos reconocidos en la Constitución.
Entre ellos mencionó el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la integridad física y moral y el derecho a la vivienda, además de otras garantías relacionadas con la protección de la familia y de las personas vulnerables.
“Estamos hablando de un problema que ha impactado directamente en la vida familiar, en la salud física y emocional de las personas y en su derecho a vivir con seguridad en su propio hogar”, señaló.
Dudas sobre la solución técnica
Rubio también mostró reservas sobre la solución planteada por la administración, que sostiene que el problema del subsuelo está estabilizado.
El jurista recordó que informes independientes, como uno elaborado por el Colegio de Geólogos de Madrid, apuntan a que el fenómeno geológico que afecta a la zona podría ser complejo y de difícil resolución, incluso con la posibilidad de clausurar los túneles del metro.
“Son planteamientos completamente distintos a los que está defendiendo la Comunidad de Madrid”, afirmó.
Posible investigación ciudadana
Ante estas discrepancias y la desconfianza acumulada, Rubio planteó la posibilidad de impulsar una investigación ciudadana independiente para analizar el origen y la situación actual del problema.
Según explicó, el objetivo sería contrastar los informes técnicos existentes y determinar si la solución adoptada por la administración es realmente definitiva.
“Después de veinte años soportando esta situación, es prudente mirar con lupa tanto los expedientes de responsabilidad patrimonial como el problema estructural de fondo”, concluyó.
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