La presentación del nuevo informe psicosocial elaborado por el Centro Sira sobre el impacto de la crisis de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares ha servido también para que los vecinos afectados relaten públicamente las consecuencias humanas de casi dos décadas de obras, desalojos y derribos vinculados a esta infraestructura.
Durante el acto, Isabel Bello, una de las vecinas afectadas, explicó que el informe supone un paso importante para visibilizar una situación que, según denuncian, sigue afectando a cientos de familias.
“Para nosotros es muy importante haber hecho este informe. Hasta que no escuchas lo que le está pasando a otros vecinos no te das cuenta de que lo que te ocurre -la tristeza, la ansiedad, las bajas laborales- es algo que también están viviendo muchas otras personas”, señaló.
Según indicó, la investigación ha permitido poner datos a un problema que, según los vecinos, continúa en la actualidad. “No es algo que haya pasado y ya esté en el pasado. Está pasando hoy. Hoy hay cientos de personas en San Fernando de Henares y también en Coslada que están sufriendo todo esto”, afirmó.
Los afectados aseguran que la crisis generada por la infraestructura ha provocado desalojos, daños en viviendas, pérdidas económicas y problemas de salud mental, además de alterar profundamente la vida cotidiana de los barrios.
“Acababa de pagar mi hipoteca y me echaron de casa”
Bello relató su propia experiencia para ilustrar la situación que viven muchas familias. Según explicó, las primeras grietas en su vivienda aparecieron en 2009. Nueve años después fue desalojada para realizar reparaciones y permaneció fuera de su casa durante un año.
Tras regresar, los problemas reaparecieron. En 2022 tuvo que abandonar nuevamente la vivienda, esta vez con apenas quince días para encontrar un alquiler.
“Acababa de pagar el último recibo de mi hipoteca y me habían echado de mi casa”, recordó.
Cuatro años después de aquel desalojo, asegura que la situación sigue sin resolverse. “Hoy, en 2026, sigo exactamente igual, sin mi vivienda y en medio de procedimientos administrativos y judiciales que pueden prolongarse años”, explicó.
Según los vecinos, este tipo de situaciones se repite en numerosos casos. La asociación de afectados estima que alrededor de 600 familias continúan afectadas, algunas de ellas todavía sin reconocimiento oficial por parte de la administración.
Críticas a la respuesta institucional
Los afectados también denunciaron la falta de información y de soluciones definitivas por parte de las instituciones. Bello afirmó que, además de los daños materiales, los vecinos han tenido que convivir durante años con incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo.
“Sabíamos que estaban pasando cosas graves, pero no teníamos información. Y vivir sin información genera todavía más angustia”, señaló.
La vecina aseguró que la situación ha provocado un profundo desgaste emocional y social en el municipio. “Nos han robado nuestros hogares, han afectado a nuestras familias y a nuestra salud. Muchas personas han perdido su empleo o han tenido que irse del barrio”, afirmó.
Por ello, reclamó explicaciones sobre el estado actual del subsuelo y sobre las medidas adoptadas para evitar que el problema continúe en el futuro.
“Lo que necesitamos es tranquilidad. Queremos saber qué está pasando bajo el suelo de San Fernando de Henares y de Coslada y si realmente el problema está resuelto”, añadió.
Posibles acciones legales
En la presentación también intervino Javier Rubio, jurista del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), entidad que acompaña jurídicamente a la asociación de afectados desde hace dos años.
Rubio señaló que el origen del problema estaría en unas obras realizadas con negligencia que desestabilizaron el subsuelo del municipio, una responsabilidad que, según explicó, fue reconocida posteriormente en procesos judiciales.
A su juicio, el conflicto no puede tratarse únicamente como un conjunto de expedientes administrativos de responsabilidad patrimonial.
“No se trata solo de una obra mal hecha. Estamos hablando de un problema que ha afectado al derecho a la vivienda, a la integridad física y moral y a la vida familiar de cientos de personas”, afirmó.
El jurista criticó además que las indemnizaciones ofrecidas por la administración no tengan en cuenta el impacto acumulado durante años. Según explicó, en algunos casos el daño moral se calcula sin considerar el tiempo que las familias llevan afectadas.
“Hay personas que llevan diez o quince años sufriendo esta situación y ese elemento ni siquiera aparece en los informes”, señaló.
Rubio también advirtió de la necesidad de analizar con detalle la supuesta solución técnica al problema. Frente a la posición de la administración, recordó que informes independientes, como uno elaborado por el Colegio de Geólogos, apuntan a que el fenómeno geológico que afecta al subsuelo podría ser complejo y de difícil resolución.
Ante esta situación, los afectados no descartan impulsar una investigación ciudadana independiente y estudiar nuevas acciones legales.
Un informe para visibilizar el problema
Los vecinos consideran que el informe del Centro Sira constituye un paso clave para documentar el impacto humano de la crisis. Según señalaron durante la presentación, el objetivo es que las administraciones reconozcan el daño sufrido y adopten medidas que permitan reparar la situación.
“Este informe pone sobre la mesa la realidad de lo que estamos viviendo”, afirmó Bello. “Lo hemos hecho porque necesitamos ayuda y porque esto no puede seguir así”.
¡Síguenos en Telegram!