El Centro Sira, Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, ha presentado un nuevo informe psicosocial sobre el impacto de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, un estudio que analiza las consecuencias humanas y sociales de casi dos décadas de obras, desalojos y derribos vinculados a esta infraestructura.
El documento, elaborado a partir de entrevistas, revisión documental y una encuesta a 169 personas adultas afectadas, concluye que la crisis generada por la construcción y ampliación del metro ha provocado “daños acumulativos y estructurales” en múltiples ámbitos de la vida de los vecinos, desde la salud mental hasta la estabilidad económica y la cohesión del barrio.
Durante la presentación, Gabriela López Neira, psicóloga del Centro Sira, subrayó que gran parte del daño identificado tiene su origen en una “lucha impuesta” que los vecinos no eligieron asumir.
“Gran parte de lo que explica el daño identificado tiene que ver con esta lucha a la que las personas se han visto abocadas sin haberlo pretendido, con muchos años de indefensión y una respuesta institucional difícil de entender”, explicó.
Tres causas principales del daño
El estudio identifica tres factores estructurales que explican el impacto psicosocial detectado.
El primero es la alteración prolongada de la vida cotidiana provocada por la construcción de una infraestructura de gran envergadura en pleno entorno urbano. Según los datos recogidos, el 83% de las personas encuestadas afirma haber convivido durante años con ruido constante, mientras que el 73% ha vivido con grietas en sus viviendas. Además, entre el 40% y el 50% señala haber sufrido cortes recurrentes de suministros como agua, luz o gas.
El segundo factor es la prolongación de las obras y sus consecuencias directas en las viviendas y negocios. La investigación revela que casi el 46% de los encuestados ha perdido la posibilidad de mantener un negocio, mientras que el 27% ha tenido que permanecer fuera de su hogar entre uno y seis meses y otro 27% durante más de dos años. Asimismo, más del 61% de las personas ha vivido reformas en sus casas tras los desalojos, en muchos casos sin consentimiento o con resultados que los vecinos consideran insuficientes.
El informe también recoge que casi el 37% de los participantes afirma haber sufrido separaciones familiares como consecuencia de los desalojos o de la reubicación temporal.
El tercer factor señalado por el estudio es la percepción de una respuesta institucional insuficiente. Según la encuesta, el 96% de los afectados considera que las autoridades han generado más sufrimiento emocional, mientras que el 98% cree que la administración ha hecho poco o nada para asumir responsabilidades o minimizar el daño.
Consecuencias económicas, sociales y psicológicas
El informe evalúa los impactos en diferentes ámbitos de la vida. En el plano socioeconómico, el 64% de los participantes afirma haber sufrido consecuencias laborales, el 66% económicas y el 86% considera que su vivienda ha perdido valor.
En la vida cotidiana, el 90% de las personas afirma que su rutina diaria se ha visto alterada, y cerca del 60% asegura que tiene dificultades para concentrarse en su propia casa, mientras que el 45% señala que ni siquiera puede ver la televisión o escuchar la radio con normalidad.
También se detecta un deterioro significativo en las relaciones sociales: el 62% menciona conflictos o deterioro en las relaciones familiares, el 46% habla de aislamiento o soledad y el 82% considera que la crisis ha afectado a la vida comunitaria del barrio.
En materia de salud mental, los resultados reflejan un aumento notable de la demanda de atención psicológica. Antes de la crisis, un 20% de los encuestados acudía a terapia, cifra que ha aumentado hasta alrededor del 40% tras el inicio del problema. Además, el 36% ha recurrido a medicación para la ansiedad o los nervios.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran problemas de sueño (79%), tensión muscular intensa (69%) y episodios de crisis de ansiedad o angustia (35%).
Impacto en el proyecto de vida
El estudio también analiza lo que denomina impactos “ontológicos” o vitales, relacionados con la percepción del futuro y el control sobre la propia vida.
Según los resultados, el 76% de los afectados considera que su carácter ha cambiado, mientras que casi el 95% siente que no puede hacer nada para modificar la situación. Asimismo, casi el 90% afirma que el conflicto ha alterado su proyecto de vida.
En palabras de López Neira, estos datos reflejan “un deterioro sostenido de la vida diaria y una vulnerabilidad estructural” provocada por la prolongación del conflicto.
Recomendaciones
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas. Entre ellas, el reconocimiento institucional del daño causado, medidas de reparación adaptadas a cada caso, la restitución del derecho a la vivienda en condiciones seguras y la puesta en marcha de una atención integral en salud física y mental para las personas afectadas.
También plantea fortalecer la participación vecinal en la toma de decisiones, recuperar la vida comunitaria del barrio y establecer mecanismos independientes de seguimiento que garanticen que una situación similar no vuelva a repetirse.
Según el Centro Sira, sin una respuesta institucional que reconozca y repare el daño, los efectos de la crisis podrían prolongarse durante años en la vida de las personas afectadas.
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