La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó este jueves al Gobierno central el pago de más de 10.500 millones de euros que, según sostiene el Ejecutivo autonómico, están pendientes de transferencia a la región.
Durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta del propio Grupo Parlamentario Popular, la presidenta defendió que estos fondos permitirían reforzar servicios públicos, apoyar a las familias y continuar con la política fiscal autonómica.
Reclamación de fondos y contexto presupuestario
La cifra reclamada por la Comunidad de Madrid hace referencia a varios apartados presupuestarios, entre ellos ajustes del sistema de financiación autonómica, fondos vinculados al IVA del año 2017, aportaciones para políticas sociales y compensaciones relacionadas con el coste de los servicios que presta Madrid como región con gran peso poblacional y económico.
Díaz Ayuso señaló que, desde 2019, la Comunidad “ha dejado de percibir más de 10.500 millones de euros”, lo que, según explicó, habría permitido “multiplicar salarios, ayudar al sistema público y continuar bajando impuestos”. La presidenta argumentó que Madrid es la región que más aporta a la economía nacional, afirmando que “uno de cada tres euros” procede del tejido productivo madrileño.
La cuestión de la financiación autonómica lleva años en debate entre comunidades y Gobierno central, especialmente en regiones con mayor población y mayor aportación fiscal. Madrid ha reiterado en varias ocasiones que la actual fórmula de reparto no se ajusta al peso económico de la región y que genera desequilibrios que deben corregirse en una reforma del sistema.
Debate político en la Asamblea
Durante el turno de intervención, Díaz Ayuso insistió en que la reclamación de estos fondos no responde solo a un posicionamiento político, sino a una necesidad para garantizar “el buen funcionamiento de los servicios esenciales”. Según la presidenta, el retraso en la transferencia de determinadas partidas obliga a la Comunidad a adelantar recursos para mantener la actividad asistencial, educativa y de transporte.
“Madrid está sosteniendo cifras económicas y sociales muy por encima de lo que sería razonable sin esa financiación ajustada”, afirmó. La presidenta defendió que las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con Madrid como referencia, están “levantar las cifras del Gobierno desde las autonomías”, en referencia al crecimiento económico registrado en estos territorios frente a la media estatal.
En su intervención, señaló también que la falta de actualización del sistema de financiación autonómica genera desigualdades entre regiones y que es necesario retomar las negociaciones para reformarlo. Recordó que el actual modelo lleva sin revisarse desde 2009 y que diferentes gobiernos han reconocido la necesidad de cambios sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo político amplio.
Impacto en servicios públicos y proyectos estratégicos
Entre las consecuencias que, según el Gobierno regional, provoca la falta de estos fondos, se encuentran la ralentización de proyectos estratégicos, el aplazamiento de determinadas inversiones y la necesidad de ajustar partidas internas para cubrir necesidades urgentes. Díaz Ayuso mencionó en su discurso áreas como sanidad, educación, vivienda y ayudas familiares.
En materia sanitaria, la Comunidad sostiene que el incremento de población y la presión asistencial asociada requieren financiación estable para reforzar plantillas, infraestructuras y equipamientos. En educación, el crecimiento demográfico y la escolarización en etapas obligatorias implican la construcción de centros y la ampliación de servicios complementarios.
También apuntó a los efectos sobre el transporte público, recordando que la región financia parte del coste del servicio que beneficia a usuarios de municipios colindantes y zonas metropolitanas. La Comunidad considera necesario que el Estado actualice su aportación para garantizar la sostenibilidad del sistema y mantener los niveles de calidad y frecuencia.
Petición de diálogo institucional
Más allá del reproche político, la presidenta hizo un llamamiento a abordar la situación en un marco de negociación institucional. “Decimos esto todos los días porque creemos que es una cuestión de justicia para los ciudadanos de Madrid”, expresó. Subrayó que la reivindicación forma parte de un debate territorial más amplio y que la resolución del mismo pasa por acuerdos entre administraciones.
La reforma del sistema de financiación autonómica es uno de los principales asuntos pendientes en la agenda territorial del Estado. Varias comunidades han planteado públicamente la necesidad de actualizar los criterios de reparto, considerando elementos como población ajustada, coste real de los servicios o aportación fiscal neta.
Desde la Comunidad de Madrid se mantiene la intención de trasladar estas reclamaciones en las próximas reuniones multilaterales, así como en los espacios de diálogo bilateral entre Gobierno central y autonomías. La presidenta señaló que seguirá insistiendo en que los fondos pendientes se transfieran para garantizar “la estabilidad económica y social de la región”.
Próximos pasos
La reivindicación económica de Madrid se produce en un contexto en el que otras autonomías también han señalado desequilibrios financieros y la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación. La evolución de las negociaciones dependerá de la capacidad de alcanzar consensos entre comunidades con posiciones diversas y del margen presupuestario del Gobierno central.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid prevé mantener su hoja de ruta en materia fiscal, de inversión y de prestación de servicios, con el objetivo de sostener los indicadores de empleo, actividad y crecimiento que ha registrado en los últimos años. En los próximos meses está previsto que esta cuestión vuelva a debatirse tanto en la Asamblea como en las conferencias interterritoriales.
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